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Una jueza expulsa a tres alumnas por fraude después de cuatro años en el colegio

Hace cuatro años, Ángela empezó la Primaria en el colegio concertado Antonio Machado, de Sevilla Este. Ese mismo año, los padres de otro alumno denunciaron que ella y otros 9 niños habían mentido en su matrícula. Ahora una jueza les ha dado la razón y ha ordenado la expulsión inmediata de esas tres niñas a dos semanas para que termine el curso.

el 16 sep 2009 / 03:55 h.

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Hace cuatro años, Ángela empezó la Primaria en el colegio concertado Antonio Machado, de Sevilla Este. Ese mismo año, los padres de otro alumno denunciaron que ella y otros 9 niños habían mentido en su matrícula. Ahora una jueza les ha dado la razón y ha ordenado la expulsión inmediata de esas tres niñas a dos semanas para que termine el curso.

La historia de Ángela, de 11 años, tiene algo de común con otras historias de alumnos que fueron denunciados por fraude escolar. Pero también tiene algo de excepcional. Ángela empezó a estudiar Infantil en el colegio concertado Antonio Machado, de Sevilla Este, cuando la etapa Infantil aún era privada. Sus padres pagaron para que ella estudiara allí, porque el colegio tiene mucha fama en el barrio y es uno de los más demandados.

En 2004 pasó a Primaria pero, al estar concertada, tuvo que echar la matrícula y someterse al baremo escolar como todo el mundo. Como vivía cerca de la escuela, Ángela obtuvo puntos suficientes por domicilio familiar y logró una plaza en el primer reparto. Otras familias, en cambio, no lo consiguieron y denunciaron por fraude escolar algunos nombres que aparecían en la lista de admitidos. Entre ellos los de Ángela, Cristina e Irene.

Hasta aquí no hay nada extraño. La Delegación Provincial de Educación recibe cada año entre 600 y 700 denuncias por fraude escolar, de las cuales constata que más de 200 familias, en efecto, mintieron para lograr una plaza.

Todos esos alumnos que falsificaron sus matrículas son expulsados por Educación antes de que empiece el curso, en septiembre, pero la mayoría de ellos recurre la expulsión en los tribunales y pide una medida cautelar para quedarse en el colegio hasta que se resuelva el juicio. Algo que, dada la saturación de los tribunales, tarda entre tres y cuatro años en llegar.

Sin embargo, y ésta es la parte excepcional de la historia, Ángela y su familia no sabían que los habían denunciado en 2004, y no lo supieron hasta el año pasado. En enero de 2008, una jueza dictó la primera sentencia, que no era firme, en la que daba la razón a los padres denunciantes y ordenaba la expulsión de Ángela y de las otras dos niñas: "Se estima parcialmente el recurso al constar acreditado por el informe de la Policía Local, que no residen en los domicilios que indicaron", dice el fallo, al que ha tenido acceso El Correo.

Entonces, la familia de Ángela podía haber recurrido, tenía 15 días, pero como no lo recibió, la resolución se hizo firme. La directora del Antonio Machado les llamó a su despacho y, en ese instante, se enteraron de que les habían denunciado en 2004, que hubo un proceso, que primero ganaron y luego perdieron, y que la sentencia ya era firme y su hija tenía que dejar la escuela al terminar el curso: 4o de Primaria. Se quedaron boquiabiertos.

Ángela estudió Primaria en el Antonio Machado con sus amigos de clase y sus maestros, y estuvo cuatro años en el centro. Entretanto, la denuncia por fraude siguió su curso en los juzgados de lo Contencioso Administrativo. En abril del año pasado, la jueza dictó una sentencia donde acusaba a Ángela de haber falseado los datos de su domiciliación, y la niña fue expulsada en junio.

Entonces sus padres empezaron a recoger todo el papeleo de los juzgados que se habían perdido y contrataron a un abogado para recurrir por los defectos de forma de aquel proceso. Primero intentaron invalidar la sentencia por no haber sido informados, pero la jueza alegó que el fallo había sido publicado en el BOJA.

Ángela tuvo que matricularse en otro colegio público, el Jacaranda. Empezó el siguiente curso allí, con otros maestros y otros compañeros, y en octubre, el abogado de la familia consiguió que la jueza admitiera que el proceso contra Ángela había tenido errores de forma, así que aceptó como medida cautelar que la niña regresara a su antiguo colegio.

Pero fue algo transitorio. Ángela regresó a su escuela en octubre, pero la semana pasada la jueza retiró las medidas cautelares y ordenó que fuera expulsada de inmediato, dos semanas antes de que el curso termine. La madre de Ángela no lo aceptó y acudió al gabinete jurídico de Educación. Por lo excepcional del caso, éste decidió "hacer la vista gorda", según la madre, y no se han cumplido las órdenes de la jueza para que Ángela pueda terminar el curso en la escuela.

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