La Justicia española necesita muchas, muchas reformas. El Consejo General del Poder Judicial parece dispuesto a emprender esta tarea y dice hacerlo con una cuestión que, según recoge el documento, se viene planteado desde 1996. Los cambios sociales y tecnológicos están tras esta decisión, aunque reconocen que dado la situación económica es buen momento para reducir el número de partidos y, por tanto, de costes. La pregunta es qué costes. La primera respuesta que se pasa por la cabeza es que se van a eliminar sedes, aunque el proyecto no quiera reconocerlo así de claro.
Ahí es donde entra la duda de si realmente esta reforma acercará más la Justicia al ciudadano, cuando éste tendrá que hacer más kilómetros para interponer una denuncia. El responsable de Justicia del CSIF en Sevilla, Miguel Ángel Ramos, lo tiene claro: "no". Es difícil pensar que la tecnología va a suplir este aumento de la distancia, cuando aún los juzgados no están interconectados al 100%. Las palabras de Ramos son claras, "no se va a invertir en tecnología ni en otros servicios cuando no hay dinero". Para él esta reforma se quedará en "papel mojado".
Tiene sentido pensar así, porque si lo que realmente se quiere lograr es una Justicia eficaz es necesario invertir en tecnología y que los ordenadores "dejen de ser meras máquinas de escribir". Es cierto, que el número de notificaciones por vía telemática a los procurados ha aumentado, pero queda mucho hasta que la Administración de Justicia se parezca a la de Hacienda. Otro de los problemas que se plantea es cuántas sedes judiciales se mantendrán, y cuántos kilómetros tendrá que hacer un ciudadano o un abogado para acudir a una sede judicial. No digamos ya si se opta por sedes en municipios distintos para las jurisdicciones Civil y Penal. Pobre de ese letrado que en el mismo día tenga que ir de Cazalla a Carmona (un ejemplo) para acudir a un juicio y luego a entregar una demanda de divorcio.
