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¿Una ley de papel?

Los recortes ponen en jaque la norma del derecho a la vivienda

el 11 dic 2010 / 19:40 h.

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Los recortes presupuestarios y las modificaciones de los planes estatales y autonómicos de vivienda ponen en jaque una de las leyes estatutarias más importantes de la legislatura, que aún no ha cumplido ni un año en vigor. La Ley del Derecho a la Vivienda, promesa estrella del anterior mandato de Manuel Chaves y materializada el pasado febrero bajo el Gobierno de José Antonio Griñán, puede quedar sólo en un decálogo de buenas intenciones si no cuenta con financiación suficiente -los bancos siguen sin dar créditos- ni con las ayudas públicas para garantizar el acceso de todos los andaluces a un piso asequible.


La ley, que fue pionera, no da derecho a tener un piso en propiedad, sino que obliga a las administraciones -locales y autonómica- a ofertar suficiente VPO para satisfacer la demanda y a dar las correspondientes subvenciones para que nadie destine más de un tercio de su sueldo a la compra de una vivienda protegida y un cuarto en el caso del alquiler. Esos dos deberes se ven amenazados por la caída presupuestaria de la Junta y por los recortes del Ministerio de Fomento, que eliminará desde enero la ayuda a la compra de VPO. Desde que la ley entró en vigor en marzo, los ayuntamientos tienen dos años para elaborar sus planes municipales que recojan la suficiente oferta de VPO. Si no cumplen, los ciudadanos pueden ir a los tribunales. De momento, el único avance palpable son los registros municipales de demandantes, donde deben apuntarse los que deseen optar a un piso.


Los agentes socioeconómicos, que pactaron con el Gobierno andaluz el contenido de la norma, están muy preocupados por cómo le afectarán los anunciados recortes, máxime si la Consejería de Obras Públicas rebaja los objetivos de construcción de VPO. "Si renegociamos a la baja el Plan Concertado de Vivienda y Suelo, seríamos cómplices del incumplimiento de la ley", opina Juan Pérez, secretario de Política Institucional y Concertación de CCOO-A. "Hay que mantener al 100% los planes. La Ley de Vivienda no se puede reprogramar como una carretera", avisa. Desde UGT-A, el secretario de Análisis Económico, Roberto Marín, asegura que garantizar el derecho de acceso a una vivienda "es ahora más necesario que nunca" y admite que la crisis "está dificultando" el cumplimiento de esta ley "y de cualquier otra".


cara y cruz. Los promotores siempre pensaron que la norma es un "brindis al sol". "Nace con un título pomposo que no se corresponde con la realidad, porque no da derecho a tener un piso", afirma el secretario general de Fadeco, Emilio Corbacho. Cree que la ley se queda en "buenas intenciones", máxime en la coyuntura actual. El secretario general de Vivienda de la consejería, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, niega la mayor y asegura que la Junta "tiene toda una serie de programas para facilitar el acceso a un piso y rebajar las cargas económicas". A su juicio, un "derecho nunca nace en el peor momento". El PP, que considera "hueca" la ley, acusa al PSOE de crear una "expectativa falsa" porque "no habrá ni viviendas ni financiación", lamenta la portavoz en esta materia, Alicia Martínez. Los populares presentarán mociones en los consistorios para exigir a la Junta financiación suficiente.

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