IU fue el único partido de la oposición que presentó en la Cámara un texto alternativo a la ley de vivienda. ¿Alternativo? Su propuesta es un calco a la norma aprobada por el Parlamento catalán. Copia la filosofía y prácticamente todos los artículos del documento elaborado por la Generalitat.
El pasado jueves, el último día de plazo para que los partidos plantearan en la Cámara sus retoques a la ley de vivienda, la oposición presentó enmiendas a la totalidad para forzar a la Junta a elaborar una norma nueva. El PP se limitó a criticar el texto pero no aportó una propuesta distinta. IU sí, o eso es, al menos, lo que presumía su portavoz en la comisión de Vivienda en el Parlamento, Juan Manuel Sánchez Gordillo. La federación de izquierdas registró un documento "alternativo" -aseguró el alcalde de Marinaleda-, que en definitiva es una imitación de la Ley del Derecho a la Vivienda que aprobó el Parlamento de Cataluña en 2007.
Artículo a artículo, párrafo a párrafo, la propuesta de IU calca la norma catalana con muy pocas diferencias. En la mayoría de los apartados se limita a cambiar "catalán" por "andaluz". Los dos textos, por ejemplo, rezan que la comunidad "debe contribuir a garantizar el derecho a la vivienda" y persiguen el objetivo de que en 20 años el 15% de los pisos que existan se destinen a políticas sociales. En ninguno aparece ni rastro de una de las claves de la norma andaluza: la posibilidad de que los ciudadanos lleven a las administraciones a los tribunales si no planifican una oferta suficiente de VPO en función a la demanda. Es decir, Junta y ayuntamientos están obligados a diseñar planes de vivienda que recojan la necesidad real de sus vecinos de acceso a un piso asequible.
Sánchez Gordillo defendía que el texto que (supuestamente) redactó su grupo plantea "regular el mercado de la vivienda pública y también el mercado de la privada, pues el derecho a la vivienda debe ser un derecho universal, igual que la salud o la educación para todos". Esta filosofía impregna todo el articulado de la ley catalana.
Las enmiendas que ha presentado la oposición se debatirán previsiblemente en el Parlamento en el último pleno de septiembre (23 y 24). La fecha que maneja la Junta es que la Cámara pueda aprobar la ley de vivienda antes de que acabe el año. Esta norma es una de las más importantes de la legislatura porque desarrolla un derecho social recogido en el Estatuto, que contó con el consenso de PSOE, PP e IU. Precisamente la primera ley de mandato estatutario se ha topado con el rechazo frontal de la oposición.
La Consejería de Vivienda tiene claro cuál es su objetivo para este otoño: desbloquear y rescatar las promociones de pisos con dificultades financieras. Sólo así podrá "fluir el Plan Concertado de Vivienda y Suelo", explicó el consejero del ramo, Juan Espadas, en una entrevista con Europa Press. "Estamos atentos a que siga el flujo de calificaciones y éstas vayan resolviendo sus problemas financieros, porque el desbloqueo es la medida más potente que permitirá que el Plan Concertado vaya fluyendo", señaló el consejero, "Es importante sacar primero lo atascado", añadió.
