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Una ley evalúa el daño del ladrillo en la salud

Los proyectos inmobiliarios e industriales necesitarán un informe previo sobre su incidencia en la salud de los ciudadanos.

el 03 nov 2009 / 22:00 h.

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La consejera de Salud, María Jesús Montero, presenta la Ley de Salud Püblica tras el Consejo de Gobierno.
Todos los grandes proyectos urbanísticos e industriales de Andalucía deberán contar con una evaluación previa del impacto que tendrán en la salud de los ciudadanos. Como será un estudio vinculante, el proyecto que no se mueva en parámetros saludables podrá ser frenado, pero también se contemplan incentivos para las empresas más respetuosas con la salud y que hagan estudios propios.

La obligatoriedad de dicho estudio es la mayor aportación del anteproyecto de Ley de Salud Pública que ayer pasó por el Consejo de Gobierno y que podría entrar en vigor en un año.

La consejera de Salud , María Jesús Montero, precisó que este análisis se exigirá a todos los instrumentos del planeamiento urbanístico, los planes de ordenación urbana e intermunicipal, los proyectos de suelos no urbanizables y "todos los que configuran el entorno de las ciudades y la ordenación de Andalucía", así como a los proyectos industriales cuyo tamaño o actividad lo requiera. Deberá realizarse en un plazo máximo de un mes.

Se pondrá "especial cuidado" en que se creen perímetros de seguridad alrededor de estos proyectos y se evaluarán los espacios verdes que quedan cerca, si el ladrillo elimina la posibilidad de actividades recreativas o de ocio saludable, si las emisiones -pese a no ser peligrosas- son molestas para quien realice deporte...

Esta medida se enmarca en una norma, que será transversal y ordenará las políticas de todo el Gobierno andaluz, basada en evaluar "cómo los condicionantes de la vida afectan a la salud". "Ya hemos pasado la fase de insistir en la atención sanitaria o concentrarnos en la investigación. Eso está ya garantizado. Ahora hay que analizar los factores ambientales que pueden hacernos reproducir enfermedades en un futuro", señaló la consejera, quien recordó que el 50% de los elementos que dañan la salud de los andaluces son ambientales y de malos hábitos.

La ley fomentará el transporte sostenible, velará por mejorar la información a los usuarios y por concienciar sobre buenas costumbres y fija sanciones (de 600 a 600.000 euros) para quien "ocasione perjuicio a terceras personas", como es el caso de quien fuma ante otras personas o mantiene relaciones sin control a sabiendas de que sufre una enfermedad de transmisión sexual.

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