Una de sus principales aportaciones es que planifica el régimen de concesiones, estableciendo un "orden de garantías" por el que se prioriza el agua para consumo humano y, después, para el riego o la industria, ya que se pretende "garantizar que el agua llega a quien lo necesita y, a la vez, permitir la reactivación económica de quien la usa, pero con cabeza", explica Fidel Mesa, portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente. Hasta ahora, por imposible que parezca, no se delimitaba ese orden de acceso al agua, esencial en periodos de sequía. Además, se crean los bancos públicos de agua, en los que se podrá adquirir este recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos inicialmente no previstos, con lo que se "facilita la distribución ajustada del agua", aplicando "criterios de interés social". Por ejemplo, se podrá pasar agua del regadío a la industria para producir energía en caso de déficit.
Por primera vez se regulan las aguas subterráneas, velando por que pague quien la tira, y permite a la Junta intervenir incluso en casos de acuíferos amenazados. Se añaden planes de restauración para los ríos y sus cuencas y se obliga a precisar los planes ante inundaciones y sequías -cuya ausencia tanto ha criticado la oposición tras el último temporal-, que serán de obligada redacción para municipios y mancomunidades, abunda Mesa. Precisamente la norma busca un "impulso" a la gestión supramunicipal como "garante" de unos estándares de calidad comunes. Si una localidad no cumple la legislación o descuida el agua hasta que sea dañina para la salud, la Junta podrá retirarle la gestión del recurso.
Otro puntal de la norma es la creación del Observatorio Andaluz del Agua que, entre otras funciones, aportará datos sobre los precios y la calidad del agua en los municipios andaluces, así como sobre los titulares de las concesiones y que, a juicio del PSOE, permite una mayor "participación" ciudadana.
MÁS CARA. Precisamente la vertiente de la ley más pegada al consumidor es la más polémica: la implantación de un canon que obligará a una subida en las tarifas. El articulado establece un canon sobre el consumo urbano, con una tasa fija y otra variable. La primera es de un euro al mes por cada contrato y la segunda fijará una tasa distinta (0,10 céntimos, 0,20 y 0,40) para tres tramos distintos de consumo familiar (si se gastan menos de nueve metros cúbicos, si se gastan entre nueve y 18 o más de 18).
Los socialistas defienden esa subida porque no es "sustancial", dicen, y porque es "finalista", esto es, el dinero se destinará a la mejora de infraestructuras y a la regeneración y protección de las masas de agua. De hecho, la ley obliga a la Junta a invertir 1.500 millones de euros en la construcción de al menos 300 depuradoras, una partida que debe liberarse a los dos meses de la entrada en vigor de la norma. Así pretenden garantizar el 100% de la depuración en 2015. La UE exigía para el periodo 2005-2006 la depuración de todas las aguas residuales, pero a día de hoy el 65% de los municipios de la región incumple ese precepto. Bruselas pedía que para 2015 se garantizara al menos el buen estado ecológico de las masas de agua, un concepto que Andalucía equipara -"erróneamente y de forma tramposa", según PP e IU- a la depuración. Con la inyección de dinero que trae la nueva norma la Junta espera alcanzar ese horizonte, "improrrogable" en palabras de la ex consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo.
Recaudatoria, laxa, poco ecológica e intervencionista.-
n En la votación de hoy se espera que el PP rechace la norma e IU se abstenga. De las 148 enmiendas presentadas, 30 eran del PSOE, 63 del PP - ninguna admitida- y 50 de IU -han sumado cuatro-. "Es que nos basamos en el Pacto por el Agua y el texto no se podía mover demasiado", defiende Mesa (PSOE). A Carolina González Vigo (PP) la norma le parece "profundamente intervencionista" en la labor de regantes o municipios y "recaudatoria", pues con el canon se lograrán 100 millones de euros al año, parte de los cuales irán "a la gestión y el gasto corriente de la Junta" y no a las depuradoras. Vigo denuncia que se ha "cercenado" la negociación, que ha habido "escaso diálogo" con los agentes, y que se deja al ciudadano una inversión en calidad "por la ineficacia de la Agencia Andaluza del Agua". "Han invertido un 49% menos de lo que debían y ahora quieren que los andaluces paguen su atraso. Europa dice que hay que recuperar costes, pero no sobre el ciudadano".
José Antonio Castro (IU) lamenta que falte una implicación ecosistémica en el texto, que se piense en el legado "que le vamos a dejar a nuestros hijos". Apuesta por que no se cobre nada por los primeros 50 o 60 litros diarios de agua, como derecho humano, y que los bancos de agua no tengan un criterio comercial. Aún negocian con el PSOE para limar algunos puntos.
