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Una licencia municipal bastará para abrir una gran superficie

La Junta liberaliza el sector y se limita a revisar su impacto urbanístico y ambiental.

el 22 dic 2009 / 19:19 h.

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La normativa no considerará gran superficie un establecimiento con menos de 2.500 metros cuadrados.

A partir de ahora, para abrir una gran superficie comercial en Andalucía sólo se necesitará una licencia municipal. El permiso de la Junta, obligatorio hasta este momento, ya no hará falta, aunque el Gobierno andaluz revisará que la instalación cumple con los requisitos de ordenación del territorio, el medio ambiente y las leyes urbanísticas.
Con esta medida, la comunidad liberaliza por completo el mundo de los hipermercados y grandes cadenas comerciales, que se movía "sólo con la ley de la oferta y la demanda" y que ahora dependerá de la licencia que dé el ayuntamiento de turno, a través de una ventanilla única, y de su criterio, explicó ayer el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso.

Esta medida se aplicará en virtud de la modificación de 16 leyes autonómicas para adaptarlas a la directiva de servicios de la Unión Europea, orientada a rebajar la burocracia, eliminar barreras legales en la actividad económica y reforzar la seguridad jurídica de los empresarios. La norma más afectada por este ajuste -aprobado ayer por el Consejo de Gobierno- es precisamente la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que también se modifica para acortar los tiempos de espera: si antes la media era de unos ocho meses y medio para abrir una gran superficie, ahora ese plazo se elimina y la licencia -si cumple con todos los requisitos- será inmediata. "Un ajuste récord", en palabras del consejero.

Además, la Junta no catalogará con la etiqueta de gran superficie más que a los establecimientos que superen los 2.500 metros cuadrados, cuando hasta ahora el límite estaba en los 1.000. "Hablando claro, los Mercadona ya no necesitarán licencia de gran superficie", resumió claramente Alonso. En el caso de que se supere ese tamaño, la Junta deberá examinar en qué suelo se ubica, si es compatible con otros equipamientos, si los accesos al consumidor están garantizados y si se daña al entorno. "Ahí no nos movemos, porque la intervención autonómica es imprescindible", matizó. Aunque "se deja libre al promotor para que se acerque al ayuntamiento", la Junta va a elaborar en el plazo de un año un plan de establecimientos comerciales, con el fin de "buscar el equilibrio territorial desde el plano urbanístico" de estas instalaciones.

También se modifican las condiciones para la venta ambulante, que sólo dependerá de la licencia municipal y en la que podrán participar vendedores de cualquier nacionalidad, y las ferias, que cualquiera podrá convocar, aunque no sean oficiales. Y en el caso de establecimientos hoteleros, sólo habrá que hacer una declaración de responsabilidad, pero no hará falta una autorización del ejecutivo andaluz.

Idéntica carga. El consejero de Turismo negó categóricamente que esta nueva disposición conlleve más carga de trabajo para los consistorios e insistió en que "hay que saludar" la apuesta por el municipalismo de la Junta y de la UE, "que hace que cada vez los ayuntamientos jueguen un papel más importante". "Lo aceptarán de buen grado", confió, aunque una apuesta similar, contemplada ya en el decreto de Parques Naturales que prepara la Consejería de Medio Ambiente, ha provocado las iras de los alcaldes implicados. Precisamente dos leyes ambientales, la forestal y la de flora y fauna, también serán retocadas para adaptarse a Europa, junto
a las de patrimonio, museos, carreteras, renovables o farmacia.

Alonso defendió, además, el "consenso" en la adaptación de la norma, con informes favorables del Consejo Económico y Social y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y recordó que no "olvidará" al pequeño y mediano comercio, por el que se seguirá apostando, pues concentra el 94% de los 131.802 establecimientos comerciales de la región, un sector que copa el 12% del PIB y da empleo al 15,8%.

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