Sara Casas ha pasado la mitad de sus 24 años en centros de menores y teme que sus tres hijos vayan por el mismo camino. Hace un año y medio la Junta se los quitó -la mayor tiene cuatro años y los dos pequeños, dos y medio- alegando que carecía de trabajo y de vivienda y que sufría un trastorno mental.
Tras interponer una demanda, el 1 de julio un juez podrá decidir si sus hijos siguen con la Junta o vuelven con su madre. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social declinó ayer valorar este caso. Sara se niega a que sus hijos lleven la misma vida "de sufrimiento y desamparo" que ella empezó a los seis años. Hija de una drogadicta, fue internada en un centro de menores en Cataluña a esa edad. La administración le quitó la tutela a su madre por ser drogadicta. Estuvo hasta los 13 años en centros catalanes -donde estaba radicada su familia, inmigrantes sevillanos-, hasta que inició un nuevo recorrido, esta vez por instalaciones para menores de Andalucía. Así hasta los 18 años.
"Llamaron a mi madre y me entregaron como si fuera un paquete. La Junta me dejó en el seno de una familia desarraigada, sin formación ni recursos y se olvidaron de mí hasta que, cuando tengo tres hijos, se vuelven a acordar pero no para ayudarme, sino para quitármelos", explica. La Asociación Pro Derechos Humanos del Menor se puso a trabajar en su caso y demandaron a la Junta el pasado abril para que Sara pueda recuperar a sus hijos.
Poco después de dejar atrás su vida en los centros de menores tras cumplir la mayoría de edad, Sara empezó una relación con un hombre "que no le convenía", como explica su abogado, José Antonio Bosch. "Pero después de la vida que había tenido hasta entonces era normal que quedara enganchada al primer hombre que le mostrase cariño, y así sucedió", añade el abogado.
Fruto de esa relación son sus tres hijos, que ahora sólo puede ver una vez cada 15 días durante una hora y media. Del padre nadie sabe nada. Sara se alejó de él porque la maltrataba y acudió a los servicios sociales de la Junta. "Me llevaron a un centro de acogida para mujeres maltratadas y fue ahí cuando me quitaron a los niños". Era octubre de 2006. Los mellizos apenas tenían un año. "Hoy no son niños socializados", afirma Bosch.
Sara cuenta cómo entonces los servicios sociales le dijeron que si cambiaba su vida podría volver a tener a sus hijos. "Pero es una trampa, me piden una cosa y cuando la consigo me piden otra", asegura. "Ése es el sistema de la administración -continúa Bosch-. Un círculo vicioso que a la Junta parece que le gusta alimentar para no dejar de tener niños a su cargo. En este caso son los hijos de alguien que ya estuvo bajo su tutela, son los hijos de una hija de la administración y ahora los hijos de Sara son nietos de la Junta".
Sara tiene casa en Los Palacios, es solvente, asegura haber acreditado en el Valme no padecer ninguna dolencia mental y tiene un hermano -que fue también un hijo de la Junta- que se ha ofrecido a asumir la tutela de sus sobrinos. Sara y su abogado ya han hablado. El 1 de julio será la Justicia quien tenga la palabra.
