Carmen Espejo, una madre a la que la Junta le retiró la custodia de sus dos hijas durante seis años, reclama al Ministerio de Justicia tres millones de euros por las dilaciones en el proceso judicial. La cantidad es casi el doble de lo que concedieron a la madre de Iván y Sara, cuya tutela no recuperó.
Después de que la custodia de sus dos hijas, cuando tenían cuatro y cinco años, le fuera retirada en el año 2000, Carmen Espejo logró recuperar a las dos tras seis años de lucha judicial. Ahora su abogado, Enrique Carrasquilla, ha planteado ante el Ministerio de Justicia una reclamación en la que solicita tres millones de euros, como responsable "del mal funcionamiento de los juzgados y de la dilación del proceso".
Una cantidad que ha sido calificada de "muy exagerada" por parte de la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni). Y es que la cifra dobla la cantidad que la Audiencia fijó como indemnización para la madre de Iván y Sara, Carmen Fernández, que sólo recuperó a su hija.
El letrado presentó el escrito el 28 de febrero y está a la espera de recibir una contestación por parte del Gobierno, aunque ya ha anunciado que si es rechazado "interpondremos un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional". En su reclamación, asegura que, "tal y como indicaba la Audiencia en la sentencia a nuestro favor", en la tramitación del caso "se han producido retrasos escandalosos".
Así, recuerda que una de las pruebas reclamadas por el Juzgado de Familia número 17, en concreto un informe psicosocial, "llegó dos años después de que lo pidieran y un año después de que se celebrara la vista oral".
Asimismo, afirma que incluso "se han perdido documentos durante el proceso y el juzgado ha dado nuevos plazos tanto al Ministerio Fiscal como a la Junta de Andalucía" y que, pese a que la Audiencia "ordenó la entrega inmediata de las menores, pasaron once meses hasta que se ejecutó la orden".
El abogado llegó a criticar el "intrusismo" del Defensor del Pueblo a instancia la familia de acogida de la hija menor de Carmen, lo que le acarreó la apertura de un expediente en el Colegio de Abogados.
A esta reclamación se une la que Carmen ya planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que ella y su madre solicitan a la Junta de Andalucía 1,8 millones de euros por la retirada irregular de las niñas, después de que por la vía administrativa no obtuvieran respuesta.
Según la Junta, las menores sufrían malos tratos y desnutrición, por lo que la mayor fue dada en acogimiento y la menor fue a un centro. En 2005 la Audiencia comprobó que tal situación no era real, sino que la pequeña padecía "el síndrome de Cornelia de Lange, cuyos síntomas son autolesiones y trastornos alimenticios.
