Hasta 60 activistas de Greenpeace cubrieron el jueves el hotel Algarrobico de Carboneras, en pleno Parque Natural Cabo de Gata, con una tela verde de 18 hectáreas. La legalidad de la construcción, de 22 plantas, ha sido rechazada en los últimos meses en dos sentencias de la Audiencia Nacional y otra del TSJA.
Azata del Sol, empresa promotora del hotel, anunció que emprenderá acciones legales por presunto delito de allanamiento mientras que el Ministerio de Medio Ambiente aseguró, en respuesta a las críticas de Greenpeace, que sigue manteniendo firme la voluntad de colaborar con la Junta para proceder a la demolición de El Algarrobico, pero, matizó, una vez haya concluido el proceso judicial actualmente en marcha. Aún quedan por resolverse una decena de recursos en casi todas las instancias judiciales posibles: juzgados de Almería, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Tribunal Supremo, por lo que la conclusión judicial del caso podría demorarse más de una década.
Greenpeace también colocó una pancarta que cubre 370 metros cuadrados de la fachada del edificio y en la que se reprocha al Ministerio de Medio Ambiente la "pasividad" en la tramitación del expediente de expropiación incoado en 2006. Con el lema Parque Natural sin hotel ilegal, Greenpeace aludió a la sentencia dictada el pasado mes de diciembre por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, quien declaró "nula" la licencia municipal concedida a la promotora Azata por el Ayuntamiento de Carboneras, declaró a Europa Press Marta San Román, la portavoz del equipo desplegado en la playa de Carboneras.
San Román recordó que el magistrado también ordenó a la Fiscalía del Estado "deducir testimonio" ante una presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio por parte de la Junta y la corporación local, extremo que aún no se ha llevado a cabo, censuró la responsable ecologista.
El consistorio, enfadado. El portavoz de Azata, Antonio Baena, reveló también que la firma ha comunicado a la Inspección de Trabajo la "invasión" que supone un "notable riesgo para la integridad física" de los integrantes de Greenpeace que circulan por el interior del edificio de 22 plantas "cuyas obras no se ha concluido y cuyo estado ha deteriorado" desde que se paralizase la construcción por orden judicial el 23 de febrero de 2006.
El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, trasladó su "disgusto" ante la protesta de Greenpeace, según explicó a Efe Rosario Fernández, segunda teniente de alcalde y hermana del regidor de la localidad, Cristóbal Fernández. La responsable municipal ironizó que con las "200 personas" que fueron al Algarrobico "ya sólo queda buscar a otras tantas para cubrir los 40 puestos de trabajo que estima se hubieran creado de llegar a ponerse en marcha el complejo", manifestó.
