El funcionamiento de los taxis se reestructurará por completo en los próximos meses. El Consistorio ultima una ordenanza que negocia con el sector: se limitarán las licencias, pero se establecerán servicios mínimos obligatorios; se hará un estudio para ajustar el servicio a la demanda y se redefinirá la prioridad de las paradas.
En Sevilla hay casi tres taxis por cada mil habitantes, unos 2.200. Desde hace años se acomete, con mucha lentitud, un proceso de reducción de la flota, cuya segunda fase debe concluir este año. En las próximas semanas habrá un punto de inflexión. El Consistorio ultima la nueva ordenanza que asumirá la ratio definida por el sector a escala autonómica: dos por cada mil habitantes, lo que puede suponer una reducción de hasta el 30% de la flota, como reclaman desde hace meses las asociaciones mayoritarias.
Pero esto será sólo el punto de partida. La Delegación de Movilidad negocia con el sector una reestructuración del servicio para ajustarlo a la demanda y resolver así la crisis en la que está inmerso el taxi en la ciudad. La ratio será "flexible" y se buscarán otras vías para reducir los vehículos y evitar tener que afrontar un costoso proceso de rescate.
Este plan se acompañará de otras reformas. Una de ellas, que supone uno de los grandes retos del sector, es fijar un servicio mínimo obligatorio. En estos momentos, el descanso es forzoso, pero no el trabajo. En la nueva ordenanza se recogerá que en determinadas franjas horarias -como las noches de los fines de semana-, y en periodos festivos -como la Feria y la Semana Santa- tendrá que haber un mínimo de coches en circulación. Se mantendrá, no obstante, el sistema del suplemento por el servicio nocturno, que sirve como incentivo para el sector y eleva hasta en dos euros los servicios los viernes y sábados por las noches. De momento, no se regresará al sistema de supresión de descansos al comprobar el sector y el Ayuntamiento un enorme desfase entre la oferta y la demanda.
recogida de viajeros. No será la única modificación. Ambos interlocutores preparan una reforma de la prestación del servicio. La actual ordenanza prohibe expresamente "recoger a viajeros que disten menos de cien metros de las paradas oficiales establecidas, salvo los casos en que las paradas se encuentren desiertas". El área que dirige Francisco Fernández reforzará sensiblemente este sistema, lo cual negocian con las asociaciones mayoritarias del sector.
Se acabó la prioridad de las paradas para compatibilizarlas con los nuevos sistemas como la vía telemática, el teléfono o simplemente la circulación permanente de taxis por las zonas en las que se detecte una mayor demanda en determinadas franjas horarias.
El modelo del Ayuntamiento plantea que el servicio del taxi debe acoplarse a la nueva realidad de la movilidad en Sevilla, con el Metro, el tranvía y las líneas de transporte urbano; y que para ello hay que reajustar los lugares a los que acuden los vehículos y sobre todo mejorar la calidad de los vehículos. El objetivo es que, en los próximos meses, cerca del 80% de la flota tenga ya servicios para cobro con tarjetas de crédito, e incluso se negocia con las asociaciones que esta opción se exija por normativa, de forma que los clientes tengan derecho a abonar los trayectos realizados con tarjetas. A esta iniciativa se une un plan que está en marcha en el que trabajan la Delegación de Movilidad y la Agencia Local de la Energía: sacar a concurso la adjudicación de un paquete de vehículos no contaminantes -incluso se estudian las opciones de los vehículos híbridos y eléctricos- que puedan adquirir los taxistas con condiciones favorables, aunque siempre de forma voluntaria.
En este plan de mejora de la calidad del servicio entra el proyecto de la emisora única, aparcado desde hace años por las dificultades para encontrar un acuerdo. No se acometerá antes de la ordenanza, pero en ésta sí se regulará la opción de la existencia de un centro de coordinación de todas las llamadas y de todos los servicios del radio taxi. El modelo sigue siendo el mismo que el planteado hasta ahora: una estructura de cofinanciación entre el Ayuntamiento y el sector y una negociación con las emisoras ya existentes, puesto que se trata de una medida imposible de aplicar por imposición.
No hay plazos para la nueva normativa, sólo un límite temporal. La ordenanza estaba prevista para el pasado mes de diciembre. Se ha retrasado, pero el Consistorio confía en tenerla a lo largo de este año.