El Consejo de Ministros extraordinario que se celebra hoy aprobará una nueva ayuda para quienes están sufriendo con mayor crudeza los efectos de la crisis económica: los desempleados de larga duración. La medida se decidió a mediados de julio, poco después de que se rompiera el diálogo social con empresarios y sindicatos, y consiste en la aportación de 420 euros mensuales durante seis meses a los parados que hayan agotado la protección y que no dispongan de ingresos. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó ayer que la ayuda beneficiará a más de 300.000 personas y que, además, se prorrogará en la medida en que se sigan manteniendo índices tan negativos en el mercado laboral. Se trata de una medida excepcional que cuesta mucho dinero -un mero cálculo indica que hacen falta 756 millones de euros sólo para estos seis primeros meses-, pero que responde a circunstancias igualmente excepcionales ante las que el Estado tiene que dar una respuesta. La crisis está siendo de tal virulencia que ha obligado a modificar el propio sistema para extender la protección social al mayor número posible de personas. En caso contrario, una bolsa muy sustancial de españoles caerían en una situación de indefensión extrema que no debe permitirse. Ahora bien, ni los recursos del Estado son infinitos ni se tiene el mismo margen de maniobra con las cuentas públicas en números rojos y una propensión al endeudamiento que sólo puede entenderse por la singularidad de la situación que estamos viviendo. La opinión pública española, que apoya de modo mayoritario este tipo de medidas, debe saber también que su adopción implica que se destinen a él partidas que seguramente se detraerán de otros conceptos. Todos comprenden que los subsidios que se aprueban hoy tienen casi el mismo carácter que la adjudicación de unas obras de emergencia, pero es bueno que se entienda que exigen un sacrificio que, como es lógico, estamos dispuestos a pagar.