La intensidad informativa de la crisis hizo que el martes, fecha de la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, pasara relativamente desapercibido para la opinión pública un nuevo acuerdo entre PSOE y PP cuya importancia se liga al respeto y a la dignidad de quienes han sufrido la lacra del terrorismo de la banda terrorista ETA.
Se trata del pacto suscrito por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el responsable de Justicia y Libertades del PP, Federico Trillo, para la inclusión en la nueva ley de atención a las víctimas del terrorismo de un punto que obligará a la retirada de las calles y plazas del País Vasco de cualquier símbolo -el rótulo de una calle, una lápida conmemorativa...- que ensalce a terroristas.
La virtud esencial del acuerdo es que se evitan situaciones tan lamentables como que se le ponga el nombre de una plaza a tipos cuya trayectoria está manchada por la sangre de quienes mataron en nombre de unos ideales delirantes.
En demasiadas ocasiones se ha apreciado en Euskadi la impunidad con la que se se realizan en determinados municipios homenajes a verdaderos asesinos, se les concede el título de hijos predilectos o se les da las calles más vistosas de sus pueblos. Una ofensa sin matices para quienes han sufrido en carne propia o en la de sus familiares su mayúsculo desprecio por la vida y una indignidad que no puede permitir la sociedad española.
Con esta ley se cierran las lagunas legales que impedían actuar judicialmente contra estos homenajes, se acota el espacio público a los violentos y se lanza un nuevo mensaje de firmeza de los partidos democráticos frente a la barbarie etarra y a quienes quieren coartar la libertad de los ciudadanos vascos que no aceptan su doctrina totalitaria. Algo que gran parte de la sociedad española reclamaba con ansia después de cuatro años marcados por la hostilidad del PP contra el PSOE en materia de lucha antiterrorista.
