Una nueva sentencia en Castilblanco pone en el punto de mira las casas ilegales

Un juzgado de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel a un matrimonio que construyó un chalé de 170 metros cuadrados, con vallado, caseta para el motor del pozo y una fosa séptica en una zona forestal de Castilblanco de los Arroyos, estructuras que además tendrán que derribar.

el 14 mar 2010 / 19:07 h.

El fallo, similar a otros que vienen produciéndose en el paraje Las Minas, recoge como novedoso que los ahora condenados estaban convencidos de que su vivienda "se acabaría legalizando por la fuerza de los hechos consumados", de ahí que siguieran con la construcción pese a saber que no era legal.

La sentencia del juzgado penal 3, a la que ha tenido acceso Efe, explica que los acusados J.L.B.V. y D.G.V.S. compraron en 2003 una parcela en el paraje Las Minas, calificada como rústica en un terreno forestal o de monte, que además está considerado como "no urbanizable" en las normas urbanísticas municipales.

Los acusados, "teniendo perfecta constancia de su ilicitud", levantaron sin solicitar licencia alguna una vivienda de unos 170 metros cuadrados, con vallado perimetral, muro de contención de 20 metros, un pozo no autorizado, una fosa séptica y una conexión al servicio eléctrico.

La sentencia rechaza que los acusados ignoraran la ilicitud de su acción, aunque añade que "cosa distinta es lo que podríamos llamar un error sobre la impunidad, esto es la creencia de que, pese a llevar a cabo una construcción ilegal en suelo no urbanizable, se acabaría legalizando por la fuerza de los hechos consumados".

Así, según dijeron los acusados en el juicio, se informaron con la asociación de vecinos del lugar, donde les advirtieron de que no conseguirían licencia de obra pero les aconsejaron "construir, edificar, sacar una fotografía y llevarla al Ayuntamiento para una supuesta tramitación de la contribución catastral y convalidación", con lo que al final lograrían su objetivo. "También fueron informados de este modo en una reunión de la asociación con el alcalde de la localidad", recoge la sentencia.

Por estas supuestas reuniones del entonces alcalde de Castilblanco, Manuel Ruiz Lucas (NIVA), la Fiscalía ha pedido para él 12 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 14.400 euros, ya que lo considera responsable de un delito continuado de prevaricación por omisión y otro de exacciones ilegales, en un juicio pendiente de fijar fecha de celebración. La condena por un delito contra la ordenación del territorio incluye la demolición de todo lo construido a costa de los acusados.

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