El horizonte de 2013 marca el futuro de las ayudas agrarias que perciben los agricultores andaluces. Hasta entonces, mucho habrá que discutir para llegar a acuerdos en el seno de la Unión Europea y así ver cómo se lleva a cabo el reparto de las ayudas que recoge la Política Agraria Común (PAC), que será más austera que la de los últimos años. En definitiva, el campo de la región tendrá que hacerse a la idea de que la PAC resultante de las discusiones que comenzarán este 2010 -y que se prevén duraderas- será de bajo coste, es decir, contará con menos presupuesto para las tierras andaluzas y las ayudas serán más restrictivas y selectivas.
Esto es lo que se desprende de un estudio elaborado por Fernando Ramos y Rosa Gallardo, del departamento de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de Córdoba, y recogido en el Informe Anual Agrario de Analistas Económicos de Andalucía, de Unicaja.
La importancia de la PAC dentro del presupuesto de la UE es más que evidente, ya que absorbe un 42% del total. Y lo que supone para el campo andaluz, también. En el último ejercicio, la cantidad recibida por la comunidad autónoma a través del Feaga superó los 1.870 millones de euros, a los que hay que sumar 114 de partidas destinadas a cuestiones relacionadas, como la jubilación del agricultor.
En el estudio, los autores llaman la atención sobre el nuevo escenario que se presenta dentro de tres años y de la fase de "rediseño" en la que se entra en estos momentos. "Supone más desacoplamiento, menos ayudas específicas, más libertad y más responsabilidad para el empresario agrícola, lo que no es equivalente a la ausencia de políticas públicas", señalan. De este modo, aseguran que "se avecina un futuro con mayor protagonismo del mercado y con una PAC que acompañe al empresario agrario en su convergencia hacia el mismo".
En lo que se refiere a las restricciones que están por llegar tras la negociación del nuevo presupuesto, apuntan que "las exigencias serán mayores, pero el presupuesto no, por lo que habrá que asumir una Política Agraria Común de bajo coste y mucho más selectiva". En este punto, Ramos y Gallardo subrayan que en este contexto cobrará mayor importancia tanto la eficiencia como la eficacia de las medidas aplicar. "Habrá que cuestionar con el mayor rigor si todas las agriculturas son capaces de satisfacer todas las demandas", analiza el estudio.
implicaciones estratégicas. Lo que es seguro es que el futuro marco presupuestario marcará el lugar que ha de ocupar la agricultura autonómica. "Lo que está en juego es el propio posicionamiento estratégico de la agricultura española y andaluza en este contexto de cambio", de ahí la necesidad de "la elaboración de un proyecto previo para defender una posición negociadora que se deberá consensuar y conciliar con los intereses de otros socios comunitarios con análogas expectativas y pretensiones".
A este respecto, los dos investigadores defienden que, a la hora de llevar a cabo la negociación, no se debe caer en la tentación de reclamar el mantenimiento del status quo entre países o comunidades autónomas y enfrentarse sobre quién o qué país debe obtener un mayor trozo de la tarta. "Hay que decidir inteligentemente cómo se aplican dichos fondos de manera más eficiente, y donde más interese o se necesite". Por ello, señalan que derechos como los históricos son difícilmente reclamables.
Así, apuntan a dos objetivos a la hora de diseñar la nueva PAC, asegurar los alimentos y con ello los recursos naturales y los territorios. "La tendencia marcada por el chequeo médico de la PAC y sobre todo la reforma prevista para 2013 pueden permitir una reorientación de la política agraria-rural apoyada en el territorio, lo que podrá ayudar a recuperar la legitimidad de un nuevo modelo de intervención pública en la agricultura, fortaleciendo el papel de esta actividad en los procesos de desarrollo rural", concluye el estudio.
Porque, de hecho, el peor escenario posible, recoge el informe, "sería el desmantelamiento de la PAC con su consiguiente renacionalización".
