En los últimos días me encuentro sobre la mesa una serie de documentos relevantes sobre la problemática financiera de las haciendas locales en nuestro país. A saber, una radiografía de la situación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el último Boletín Estadístico del Banco de España y el Ránking Tributario de los Municipios Españoles elaborado por el Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de una buena cantidad de material que ayuda a comprender mejor, desde diversos ángulos, las vicisitudes financieras de los entes locales. Como ejemplo de lo que digo, trataré aquí de ilustrar unas afirmaciones demasiado concisas, tal vez comprensiblemente, del informe de la FEMP, con los datos contenidos en la restante documentación.
El informe de la FEMP, bajo el epígrafe Consolidación de una "cultura tributaria", defiende que los ayuntamientos han cumplido con su parte desde el punto de vista de la corresponsabilidad fiscal, asumiendo la impopularidad derivada de elevar la presión fiscal sobre bases altamente visibles, con mención especial al creciente uso de tasas y precios públicos. Algo más abajo, y esto lo transcribimos literalmente, ya se verá por qué, se afirma: "El comportamiento general de las Corporaciones Locales ha sido, en general, responsable y respetuoso con los compromisos adquiridos, como lo demuestra la evolución del ahorro y del déficit".
¿Qué es lo que obliga, en la misma frase, a tomar por dos veces distancia con respecto a lo que se afirma, mediante la fórmula comportamiento general y en general? Pues lo que obliga a cruzar los dedos cuando se habla de la responsabilidad financiera de los ayuntamientos españoles tiene los siguientes nombres: Málaga, Valencia, Zaragoza y, muy especialmente, Madrid. Intentaré explicarlo.
El Boletín del BE ofrece los datos de endeudamiento de las corporaciones locales. Vayamos primero con las cifras a la altura de marzo de 2008: La deuda total de los ayuntamientos es de 24.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad corresponden a capitales de provincia. Dentro de ellas, Madrid se anota una deuda de 6.300 millones, o lo que es lo mismo, más de una cuarta parte de la deuda local española.
La manera en que ha evolucionado este endeudamiento es aún más llamativa. En 1995, la deuda del conjunto de los ayuntamientos, en porcentaje del PIB, registraba un 4%. Aprovechando los años de bonanza económica, y en base a los aludidos compromisos europeos este nivel ha logrado rebajarse hasta el 2,8%. Pero si esto significa un logro, no debe apuntarse a Madrid (cuya deuda se ha multiplicado por 6 en el mismo periodo), Málaga (por 3,25) o Valencia (por 2,4).
El caso de Madrid empeora, a menos a mis luces, si se mira el ránking tributario de las capitales de provincia por lo que respecta al IBI (que supone cerca de la mitad de la recaudación impositiva municipal): Madrid se sitúa en el puesto 38 con un 65,54%. Valencia y Málaga, con un 100% y un 91%, respectivamente, se rebajan al menos a asumir parte del coste político de su carrera deficitaria.
Así pues, como dice el informe de la FEMP una cultura tributaria se ha consolidado.
Eso sí, no la misma en todas partes. En Madrid, prominentemente, se ha consolidado la de ser mojigato con los impuestos y un libertino desatado con los gastos, actuando como si unos no tuviesen que ver con los otros, y reivindicando el rescate al Ministro de Economía.
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
