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Una plataforma de juristas pedirá revisar la ley tras el caso Mari Luz

Sorprendidos porque los errores judiciales que desembocaron en la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés se estén tratando como algo aislado, y no como la muestra de que "el sistema no es capaz de proteger a las víctimas, no a Mari Luz sino a ninguna", un grupo de juristas se está uniendo para pedir cambios legales al Gobierno.

el 15 sep 2009 / 07:20 h.

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Sorprendidos porque los errores judiciales que desembocaron en la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés se estén tratando como algo aislado, y no como la muestra de que "el sistema no es capaz de proteger a las víctimas, no a Mari Luz sino a ninguna", un grupo de juristas se está uniendo para pedir cambios legales al Gobierno. Pero no cadena perpetua, sino más atención y más medios.

La muerte de Ana Orantes, quemada viva por su marido en 1997, dio pie a una reflexión sobre las carencias legales que fraguó en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Estos expertos en Derecho, entre los que hay una veintena de magistrados de las audiencias provinciales andaluzas, ven una situación similar en el caso de Santiago del Valle, el pederasta detenido por la muerte de la niña, que no entró en la cárcel pese a tener una condena firme porque el juzgado Penal 1 de Sevilla no ejecutó la orden de prisión. Una secuencia que podría haberse evitado si los juzgados tuviesen más medios y una forma más clara de ordenar su trabajo.

"No estamos en contra de que se sancione al juez, pero sí de que se engañe a la gente haciendo ver que la muerte de Mari Luz ha sido una excepción por culpa del error de una persona, cuando la realidad es que el sistema no está pensado ni tiene capacidad para proteger a las víctimas o evitar la reiteración del delito. Y menos si son abusos sexuales o violencia de género", asegura Amparo Díaz, abogada experta en malos tratos e impulsora de esta plataforma junto con María Jesús Correa -presidenta de la asociación Derecho y Democracia- y Amalia Calderón, todas especialistas en victimología.

No se refieren sólo a la saturación de trabajo en los juzgados, sino por ejemplo a que "el sistema informático de la Sanidad es diez veces mejor que el de la Justicia", o a que "no existan técnicos que valoren la peligrosidad" de los delincuentes. En el expediente de Del Valle "no había nada que pudiera hacer pensar al juez Tirado [el magistrado del Penal 1 de Sevilla] que era un caso más peligroso que otros; el juez no tiene formación para hacerlo, ni auxiliares que lo ayuden". Y calcular el riesgo sí podría ayudar a evitar nuevas víctimas.

Reunión con el ministro . Pero estos abogados y juristas, que la semana que viene comenzarán a reunirse para perfilar qué cambios son más necesarios y proponérselos al Ministerio de Justicia, están en las antípodas del padre de la pequeña Mari Luz, que recoge firmas a favor de la cadena perpetua.

"Vivimos en una sociedad abierta que comporta riesgos, y eso no se soluciona ni con cadena perpetua ni con pena de muerte. Texas ejecuta la 90% de los condenados de los Estados Unidos y sigue siendo el estado más violento", dice Borja Mapelli, director del Instituto de Criminología de Sevilla, que se unirá a este análisis. Con los resultados, se pedirá una reunión al ministro Mariano Fernández Bermejo.

Amparo Díaz ahonda en que "sancionar al juez, que si se ha equivocado se hará, no va a solucionar nada en este caso", en el que aboga por buscar los agujeros de los procedimientos judiciales, ajustarlos a las nuevas formas de delito y ordenar las prioridades de un sistema que "funciona para defender el patrimonio, pero falla a la hora de defender a las personas".

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