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Una promoción de 32 casas para mujeres maltratadas se destinará a estudiantes

El Gobierno argumenta que el procedimiento para elegir a una empresa que la gestione es incompatible con mantenerla en secreto

el 02 nov 2012 / 21:37 h.

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Interior de una casa de acogida para mujeres maltratadas de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento ha abandonado la idea de destinar 32 viviendas protegidas a mujeres víctimas de violencia de género, y en cambio alojará en ellas a estudiantes universitarios. Lo hará con el argumento de que es imposible sacarlas a concurso sin que se haga pública la dirección de un lugar que, por su uso, debe ser "extraordinariamente confidencial para evitar el peligro" de que estas mujeres sean localizadas. Pero el expediente no busca alternativas para adjudicar su gestión sin que se difunda dónde está el edificio, como ocurre en los numerosos centros de menores o de mujeres maltratadas que existen en toda Andalucía, propiedad de la Junta pero gestionados por distintas entidades, en los que la garantía de confidencialidad es absoluta.

La junta de gobierno del pasado miércoles aprobó modificar la concesión a Emvisesa para construir una promoción de "32 alojamientos protegidos en régimen de alquiler" de 2.000 metros que están casi ultimados. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, propone "cambiar el colectivo al que se dirigirá" porque "cabía la posiblidad de sacar la gestión del centro a publicidad y concurrencia para elegir empresa" y eso es, a criterio de Emvisesa, "inviable con la gestión de un centro de atención y acogida a mujeres víctimas de malos tratos". El argumento es que el concurso público choca con el carácter "extremadamente confidencial" del hogar para maltratadas. Sin embargo, la propuesta no sugiere buscar una alternativa al concurso público, como un procedimiento sin publicidad o una adjudicación directa, ambos recogidos en la ley si están debidamente justificados.

En vez de eso, "Emvisesa propone un cambio de destinatario de los alojamientos protegidos al colectivo universitario, como estrategia de apoyo a la comunidad universitaria sevillana". Los nuevos beneficiarios serán los estudiantes universitarios con ingresos familiares inferiores a dos veces y media el salario mínimo; y también investigadores o científicos.

En la memoria en la que se justifica la necesidad de cambiar el colectivo de beneficiarios se plantea la "posibilidad" de que estos hogares para maltratadas estén gestionados por entidades especializadas; y se recuerda que deben estar "separados de cualquier otro servicio administrativo o asistencial, y ubicados en zonas residenciales normalizadas y bien comunicadas con los servicios y equipamientos que las usuarias puedan precisar". Se recuerda que "la dirección de los mismos es extremadamente confidencial".

Con estas premisas, la memoria concluye que es "inviable adscribir dichos alojamientos al colectivo inicialmente previsto mediante procedimiento de licitación; siendo preciso vincularlos a otro grupo social objeto de protección". No figura en este argumentario consulta alguna a los servicios jurídicos municipales sobre qué procedimientos sin publicidad podrían emplearse para adjudicarlos sin tener que dar a conocer datos del bloque, ni sobre otras posibilidades de gestión.

La memoria, firmada por el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, tampoco incluye ninguna consulta al área de Familia y Bienestar Social, ni sobre cómo salvar este escollo, ni sobre las repercusiones de renunciar a estas 32 viviendas previstas como alojamiento para mujeres cuya situación de maltrato obligue a derivarlas a una vivienda protegida cuya dirección sea secreta.

Ni siquiera se menciona si hay alternativas para compensar la pérdida de ese importante número de pisos para mujeres maltratadas con los que, a estas alturas, el área de Familia y Bienestar Social ya debía de contar.

Pese al cambio de beneficiarios, se mantiene la configuración de esta residencia, ya que como recuerda la memoria el edificio está ya prácticamente construido: contará con espacios comunes destinados a servicios y se mantiene la posibilidad de que la "gestión y explotación de los alojamientos podrá ser llevada a cabo por una entidad especializada, para lo cual Emvisesa convocará el oportuno procedimiento de licitación conforme a la normativa vigente de contratación".

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