J. A.
José Cubiles se asomó ayer a su balcón, sentencia en mano, para señalar el estado de las obras de la biblioteca de Zaha Hadid. Donde la Universidad, el Ayuntamiento y numerosos colectivos ven un hito arquitectónico y vanguardista, él ve "un capricho, una cabezonería" de las administraciones que "se podía haber hecho en otro sitio", que le ha obligado a soportar más de un año de polvo y que le ha privado de una zona verde en la que jugaron sus hijos cuando pequeños. Ahora es el presidente de la comunidad de propietarios del número 9 de Diego de Riaño. Y lo que tiene en sus manos es la sentencia que ha puesto de nuevo en cuestión el modelo urbanístico municipal. Está orgulloso. Y afirma tajantemente que pedirá la "ejecución provisional de la sentencia" y la paralización de los trabajos. Esto supondrá, según él, un golpe para las subvenciones del proyecto. "Cuando la Unión Europea conozca esta sentencia cuestionará el dinero que está dando a un proyecto viciado".
Pero Cubiles, aunque sea el titular de este recurso, no es más que un pequeño eslabón de una gran cadena. Tan pequeño que conoció por este periódico su triunfo en los tribunales, al igual que varios de los vecinos, muchos de avanzada edad. Algunos ni siquiera sabían que había una denuncia. Vayamos al siguiente eslabón, algo más grande: la asociación vecinal Huerta de la Salud. Su presidente, José Miguel González, celebraba la resolución: "Ha imperado el sentido común. Se anula la licencia y se demuestra que teníamos la razón. Todos los recursos que tienen aún que dirimirse serán favorables".
Y aquí llegamos al verdadero eje de este entramado vecinal: el bufete de Molina Lamothe y Asociados. El despacho de abogados de un ex delegado de Urbanismo del PSOE, Emilio Molina. El mismo que ha puesto ya entre la espada y la pared al Ayuntamiento en el proceso expropiatorio de los terrenos de Tablada. Los letrados de este bufete se han encargado de coordinar toda la batalla vecinal. Nueve recursos. Uno por cada comunidad de propietarios afectada por las obras y otro encabezado por la asociación de vecinos Huerta de la Salud.
Todos idénticos. "Se presentaron en un plazo de apenas diez días en 2006 tras varias asambleas vecinales. Luego, al llegar al TSJA ,pedimos que se agrupasen, pero la sala lo denegó. Ahora vendrá una resolución detrás de otra", explica José Manuel Bejarano. Sólo hay un recurso distinto, que se centra en el daño al patrimonio histórico, un elemento que la sentencia deja abierto, a la espera de la próxima resolución.
Ayer, Cubiles, González y el resto de vecinos aguardaban el siguiente movimiento del bufete de abogados. Ellos quieren la ejecución de la sentencia. Aunque la Universidad recurra. Pero son conscientes del riesgo. Si se impone una fianza por posibles daños, no podrán afrontarla. Y tendrán que asumir que aunque el TSJA les dé la razón, cuando se asomen al balcón seguirán viendo lo que para muchos es un hito arquitectónico y para ellos es la "destrucción del parque".