El Defensor del Pueblo Andaluz descarta, en una de sus resoluciones, que la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla para la torre de 178 metros de altura que promueve Cajasol-Banca Cívica en la isla de la Cartuja incurra en una "infracción del ordenamiento jurídico", considerando así que la altura y edificabilidad del proyecto se ajustan "a derecho". El proyecto está sometido a un intenso debate, pues un reciente informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios recomienda paralizar las obras y revisar a la baja la iniciativa, toda vez que el próximo mes de junio, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco examinará nuevamente el caso de Sevilla en su XXXVI sesión.
En concreto, se trata de una resolución emitida en marzo de 2010 por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por José Chamizo, a cuenta de una queja promovida por un colectivo ciudadano. En su queja, según se resume en esta resolución, este colectivo avisaba de "una tramitación opaca del expediente" urbanístico relativo al proyecto y alertaba de que "la aprobación de la figura de planeamiento que autorizaba la construcción de la torre y su licencia eran nulas de pleno derecho por vulneración de distintos preceptos" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla.
"AJUSTADA A DERECHO"
No obstante, en esta resolución recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz resuelve claramente que "a tenor de las previsiones del PGOU (...), no observamos actuación irregular con motivo de la concesión" de la licencia de obras en cuestión. "Entendemos que la licencia otorgada para el edificio en cuestión (...), y teniendo en cuenta lo que concierne a su altura y edificabilidad, es ajustada a derecho", zanja José Chamizo en esta resolución que, además, considera "adecuada a las previsiones del PGOU" la utilización de la figura del plan especial para este proyecto.
"Son absolutamente respetables las distintas valoraciones que se pueden hacer desde una perspectiva arquitectónica, estética y ambiental del edificio proyectado, pero el hecho de que se considere inadecuado desde esas posiciones no supone una vulneración del ordenamiento jurídico", avisa Chamizo en esta resolución que, igualmente, reconoce que "la edificación va a generar un enorme impacto visual sobre la perspectiva existente del río, la ciudad y el paisaje".
CRITICAS A LA TRAMITACION
Igualmente, en esta resolución, Chamizo considera que en el procedimiento seguido entre las aprobaciones inicial y definitiva del PGOU de 2006 "se actuó con una cierta falta de transparencia" al "desaparecer --de la documentación-- la referencia a las plantas que como máximo podría tener el edificio", sobre todo porque en la fase de aprobación inicial del planeamiento urbano se aludía en principio a una torre "de 30 plantas".
Chamizo, igualmente, no cree "irregular" que el plan especial de este proyecto urbanístico fuese aprobado "sin el informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (...) solicitado por la Gerencia de Urbanismo", pero al tiempo ve "muy criticable que la Administración que aprobó definitivamente el PGOU (...) no emita el informe interesado, tratándose además de un edificio de tanta singularidad y tanta incidencia territorial".
EL CONFLICTO DE LA TORRE PELLI
Los efectos de este proyecto urbanístico sobre los tres monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad; la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, están siendo examinados a través de un expediente incoado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), que ha evaluado el caso de Sevilla en varias sesiones de su Comité de Patrimonio Mundial, ha recomendando la paralización eventual del proyecto, pero no ha adoptado una resolución definitiva.
La Unesco, en el marco de este expediente, había requerido a España para que antes del 1 de febrero de 2012, entregase un informe sobre el "estado de conservación" de los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad, dando además cuenta de la evolución de la torre de 178 metros que promueve la Cajasol-Banca Cívica según el diseño del arquitecto César Pelli. Esta petición figura en una resolución emitida por la Unesco tras examinar, en la XXXV sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, un informe elaborado por una comisión de expertos en cuanto a los efectos de este proyecto sobre el paisaje histórico de la capital andaluza. Las pretensiones de la Unesco pasan por revisar de nuevo este expediente en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se celebrará el próximo mes de junio en San Petersburgo (Rusia).
EL INFORME DE ICOMOS
En este marco, el pasado mes de noviembre, la profesora de la Universidad Federico II de Nápoles (Italia) Elvira Petroncelli y José Aguiar, de la Universidad de Lisboa (Portugal), visitaron Sevilla para elaborar un informe en nombre del comité internacional de Icomos. Este informe, que será elevado a la XXXVI sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, concluye que la torre "tiene un excesivo e indudable impacto negativo en el territorio de transición y la percepción" de los tres monumentos hispalenses declarados Patrimonio de la Humanidad. A tal efecto, este informe señala que las autoridades locales "deben encontrar formas de parar la construcción y revisar el proyecto (...), estudiando la modificación de su escala y altura".
Antonio Pulido, presidente de Cajasol y copresidente de Banca Cívica, ha anunciado no obstante que las obras seguirán "con absoluta normalidad" a un ritmo de un nivel por semana y que la entidad financiera elevará al Ayuntamiento alegaciones para rebatir este informe, pues a su juicio contiene "importantes errores técnicos". Igualmente, la caja de ahorros y el Consistorio han conformado una mesa de trabajo al objeto de resolver el conflicto compaginando los intereses de la entidad financiera y la conservación de la catalogación de la que gozan el Real Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias.
