Pocas veces una noticia deportiva puede tener repercusión y acogidas en páginas de sociedad, mas hay excepciones en las que debido a las pasiones y desengaños que despierta el fútbol en nuestro país, que sus ecos transcienden de los estadios. Es común que en sus gradas se representen escenas de violencia que son reflejo de un clima cada vez más extendido de agresividad y de falta de control y límites a la impulsividad. Fiel reflejo de la carencia de valores cívicos y educativos, lo que empieza a hacer mella entre las filas de los más descerebrados.
Con todo, la sanción de esta semana al Real Betis no tiene nombre, pues como muy bien ha dicho el presidente de nuestro noble equipo rival, no se puede impedir la actuación aislada de energúmenos que, sin saber comportarse, realicen actos viles y cobardes que deben repercutir en sanciones proporcionales a ellos mismos, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de los clubes, que han de velar y extremar las precauciones para que esos hechos no se produzcan. Pero el hacer extensiva, de forma arbitraria, esa sanción a todo un colectivo social, que es el primero en sentir vergüenza de lo ocurrido y que demostró su repulsa identificando y colaborando en la detención del único responsable, constituye una ofensa sin precedentes.
Pase por lo del cierre del estadio, aun cuando sólo se aplique esa medida con todo su rigor en algunos y no en otros, con todo el perjuicio que conlleva para el aficionado; mas en cuanto a la añadida e inédita de dar por concluido, y por tanto por perdido, el partido suspendido, resulta un auténtico insulto para los béticos, sevillanos y andaluces. Una medida que adultera la competición y crea un antecedente que estoy seguro no se recordará cuando los energúmenos de Bilbao, Barcelona o Madrid afinen la puntería.
