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Una veintena de ayuntamientos no puede pagar a sus empleados

Los sindicatos denuncian retrasos de hasta seis meses y amenazas de recortes.

el 06 ene 2010 / 20:03 h.

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Las movilizaciones contra el impago se han sucedido entre los trabajadores municipales como los de La Línea (Cádiz).

La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE) ha dado la última voz de alarma. La deuda del Ayuntamiento asciende a 673 millones y sólo cabe un Expediente de Regulación de Empleo Temporal que afectará a 300 trabajadores municipales o despidos masivos. No es el primer ayuntamiento andaluz que plantea estas medidas. Desde que comenzó la crisis ya lo han solicitado oficialmente los de Almensilla y Valencina de la Concepción, en Sevilla, y el de Huércal en Almería, aunque la Consejería de Empleo sólo aprobó el primero.

Otros muchos fueron anunciados y parados finalmente en la mesa de negociación con los sindicatos, que llevan meses lidiando con los concejales de recursos humanos ante la amenaza de despidos entre los empleados de los consistorios, que afectan sobre todo al personal laboral, y los retrasos en el pago de las nóminas de hasta seis meses, como en Huévar de Aljarafe (Sevilla) o en Orcera (Jaén), donde ha estado a punto de desaparecer un servicio tan básico como el parque de bomberos que finalmente ha asumido la Diputación jiennense mediante un consorcio. Junto al salario, donde el retraso más habitual es de un mes, los trabajadores dejan de percibir ayudas escolares, trienios o pagas extra.

UGT tiene identificada una veintena de ayuntamientos andaluces con problemas para abonar los salarios de sus trabajadores, en algunos casos como en Los Barrios (Cádiz) de forma permanente desde hace año y medio. Y CSI-CSIF ha pedido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) un acuerdo marco, que ya existe en Madrid, Valencia o Extremadura, que regule las condiciones básicas de la administración local en materia laboral, desde fijar criterios para determinar las necesidades reales de plantilla hasta limitar los cargos de confianza y libre designación. Cada vez son más frecuentes las manifestaciones de bomberos, policías y funcionarios a las puertas de los ayuntamientos reclamando su sueldo, como en La Línea (Cádiz) o Montellano (Sevilla), movilizaciones que según el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-A, Antonio Tirado, "irán a más si la situación de los empleados públicos de la administración local no se soluciona" y en cada caso se actuará "según la gravedad del problema pero también los condicionantes y actitudes" de cada ayuntamiento.

Tirado advierte de que no tolerarán "recortes de ningún tipo que no estén negociados" con los representantes de los trabajadores. En municipios como Huévar del Aljarafe (Sevilla) o Escacena (Huelva) las negociaciones se han roto al plantear sus alcaldes un posible Expediente de Regulación de Empleo.

El presidente del sector de Administración Local de CSI-CSIF, Rafael López, tiene claro que una parte del problema económico de los ayuntamientos obedece a que "la crisis afecta a todos" y la recaudación de impuestos ha bajado porque "si la gente tiene problemas económicos, primero come y lo último que hace es pagar" los tributos.
Pero también denuncia, y de ahí que desde 1995 lleven reclamando un acuerdo marco con la FAMP -se llegó a firmar un preacuerdo con José Moratalla como presidente que no se ha desarrollado-, la tendencia a "engordar" de forma "innecesaria" las plantillas municipales, "sobre todo en años preelectorales" -2010 lo es-. "No es que no hagan falta funcionarios, porque lo que no se puede consentir es la privatización de servicios básicos, pero hay que priorizar recursos y en época de campaña electoral se producen muchas ofertas de empleo, acumulando plazas que no se han sacado otros años, para vender plantillas, sin un estudio previo de las necesidades, y luego eso hay que mantenerlo".

López reclama "corresponsabilidad" a los equipos de gobierno salientes porque "el problema no lo suele crear el que se queda sino el que se lo juega todo a una carta, y eso es una irresponsabilidad política".

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