Un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a la posibilidad de inundaciones en el territorio andaluz ofrece datos muy preocupantes en torno al riesgo que sufre la población por este motivo. El documento sostiene que uno de cada siete andaluces vive en un municipio con riesgo grave o muy grave de sufrir una inundación. Estos 1,2 millones de ciudadanos residen en 94 poblaciones de las cuales 19 se ubican en la provincia de Sevilla. Entre éstos hay municipios que han sufrido estos últimos años riadas catastróficas, como Alcalá de Guadaíra, Utrera o Écija. Y siempre que se ha registrado una catástrofe natural de este tipo, la opinión pública se ha interrogado sobre las causas del desastre y sobre si se había hecho todo lo posible para evitarlo. Las dudas son razonables. El mismo informe de la Confederación certifica que dos de las causas más comunes que determinan que haya tantos andaluces viviendo en zonas inundables son el déficit de infraestructuras hidráulicas y la falta de planificación urbanística, que permite que haya familias residiendo sobre antiguos cauces de arroyos y ríos. En buena parte de los supuestos, las inundaciones se producen como consecuencia de un fenómeno de difícil previsión, pero el que se registre por causas naturales no impide que se pueda hacer más para prevenir los efectos que pueda acarrear. En demasiadas ocasiones, las Administraciones se deciden a emprender obras de encauzamiento de arroyos y ríos después de que éstos se hayan desbordado. Y lo mismo se puede decir de tantos municipios que se muestran implacables con determinadas urbanizaciones ilegales, pero sólo después de que un desastre confirme que se asentaban sobre suelos de un riesgo incalculable para quienes los habitan. Hace falta más rigor urbanístico y mayor previsión, pero sobre todo se requiere el cumplimiento de las leyes, única vía para aminorar los efectos ocasionados por el fenómeno natural de la lluvia.
