No hay documentos que justifiquen los gastos de hasta seis subvenciones que el Ayuntamiento otorgó a la Federación de Vecinos Unidad, entidad que está siendo investigada por un juzgado sevillano por, supuestamente, duplicar facturas para documentar tanto las ayudas que recibía del Consistorio como de Diputación. Así al menos lo reconoce el tesorero municipal en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 14 en el que afirma que estos expedientes o "no están justificados" o "no se encuentran los justificantes" correspondientes.
Este escrito del Ayuntamiento, elaborado por la Tesorería, responde a la petición del juez Manuel Centeno quien, a petición del PP y de la Fiscalía, solicitó información para comprobar la existencia de nuevas facturas duplicadas -por valor de 522 y 1.295,12 euros- que desvelaron los populares y que fueron emitidas por Copyur, la papelería que suministraba a Unidad y cuyos responsables están imputados en el caso. La Fiscalía solicitó, adhiriéndose así a la petición del PP, que "se verificasen de forma exhaustiva si algunas de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a Unidad en los años 2001, 2002, 2003 y 2004". Asimismo, solicitó que se coteje la documentación contable aportada por la papelería, "en relación con ciertas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a Copyur".
El informe del tesorero, que ya está en manos del magistrado, hace referencia a expedientes de subvenciones gestionadas entre los años 2001 y 2005 en diferentes áreas municipales y por valores distintos. Así, del año 2001 aparecen 9.616,19 euros otorgados por la Delegación de Medio Ambiente; 18.030 euros entregados por Participación Ciudadana en 2003, que también aportó 15.750 euros en 2006. De estas tres subvenciones, según el informe, "no se encuentran justificantes". Asimismo, un expediente de Juventud del año 2004 aún está "pendiente de justificar aprobación", mientas que un expediente del Distrito Macarena del año 2004 y otro de Presidencia de 2005 -cuyas cuantías no constan- "no están justificados". Además, hay un expediente en Educación de 2004 sobre el que no se tienen datos, ya que la citada delegación "no contesta". Por último, una subvención de Participación Ciudadana del año 2004, a la que Unidad "renunció".
Se da la circunstancia de que el juez dio por cerrado el pasado mes de septiembre la investigación del caso con un auto en el que exculpaba al ex delegado de Vía Pública y ex presidente de Unidad Manuel Gómez Lobo, así como el que fuera secretario de la entidad, Domingo Enrique Castaño, quien también está imputado en el caso Mercasevilla. El magistrado, a petición de la Fiscalía, también dejó fuera del caso a un responsable y una trabajadora de Copyur, así como a una empleada de Unidad.
Sin embargo, el magistrado dejó sin efecto en noviembre dicho auto después de que el PP presentara un recurso en el que denunciaba la aparición de dos nuevas facturas más, supuestamente duplicadas, y de que la Fiscalía apoyara la investigación de estas nuevas pruebas. Ahora será el titular del Juzgado de Instrucción 14 quien tendrá que decidir sin continúa con la investigación y si mantiene imputadas a las ocho personas que están hasta ahora implicadas en la causa. Entre ellas se encuentran la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado; su esposo, Ángel Cervera, y la que fuese trabajadora de la entidad, Josefa Prado, por un delito continuado de falsedad en documento oficial, ante las supuestas facturas duplicadas para justificar subvenciones de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. El caso salió a la luz pública en 2006 y provocó que tanto Nevado como su marido, que por entonces ocupaba un cargo en la Diputación, presentasen su dimisión.
