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Un joven detenido tras el desalojo de la Corrala Utopía acepta la condena de un año de cárcel

El joven ha aceptado la condena de prisión por un atentado a la autoridad durante el desalojo del edificio.

el 22 abr 2014 / 12:08 h.

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Un joven detenido tras el desalojo de la Corrala Utopía aceptó ayer una condena de un año de cárcel por un delito de atentado, por lo que el juicio no ha llegado a celebrarse en el juzgado penal 12 de Sevilla.

El abogado del joven, Luis de los Santos, informó a Efe de que su cliente ha sido condenado a un año de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y 120 euros de multa por una falta de lesiones, así como a pagar 200 euros al policía lesionado. La pena de cárcel ha quedado en suspenso siempre que el joven no vuelta a cometer delitos.

Carlos C.C. fue detenido el pasado 6 de abril, después de que la Policía desalojara el edificio de la calle Juventudes Musicales de Sevilla rebautizado como Corrala Utopía y sus integrantes intentaran encerrarse en la catedral de Sevilla. Mientras se celebraba el juicio en el Edificio Noga, simpatizantes de la Corrala Utopía se han concentrado a las puertas en señal de solidaridad con los acusados.

Un segundo procesado, José Luis G., no se ha conformado con la pena y el juzgado penal 12 celebrará la vista contra él el día 9 de abril de 2015, ya que hoy han faltado unos testigos que su defensa considera necesarios. Entonces, la Fiscalía solicitará para él una condena de 18 meses de cárcel por atentado a la autoridad.

Por otra parte, las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales defendieron ayer que todas ellas sufren «riesgo de exclusión social» y que su situación socioeconómica «incluso ha empeorado». Mientras el realojo provisional del colectivo, hecho efectivo ya en nueve casos, está sujeto a una nueva evaluación por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento, estas personas alegan que las evaluaciones previas elaboradas tanto desde el Consistorio como desde la Junta de Andalucía prueban el «riesgo de exclusión social» que sufrirían «todos» ellos.

Cuestionada sobre su conocimiento acerca de los trámites acordados por las administraciones después de que la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU, entregase viviendas públicas a nueve de estas personas, extremo que desencadenó un desencuentro entre IU y PSOE como socios del Gobierno andaluz, María, miembro del colectivo, se encogió de hombros ayer mismo a los pies del edificio Noga. «Lo que sabemos es que el Ayuntamiento montaría otra vez un dispositivo con sus trabajadores sociales y que ellos nos avisarían», dijo a Europa Press explicando que ésta fue la información que les trasladó la Administración autonómica en cuanto a la nueva evaluación de su situación socioeconómica.

Esta joven explicó que desde aquella comunicación «no ha pasado nada», si bien estas personas son conscientes de que, en el marco de su solución, «lo que nos queda es que nos vuelvan a ver los servicios sociales del Ayuntamiento». «Será la enésima evaluación social. Un mes antes del desalojo, ya hubo otra más por los trabajadores sociales de la Junta.

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