Uno de los padres del menor por cuya inadmisión fue denunciado el colegio privado Yago School de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), ha valorado la imputación del director general y la directora de Admisión del centro por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas en la Constitución y ha dejado claro que "todos los actos homófobos en el siglo XXI hay que denunciarlos para que la gente se dé cuenta de que tienen una consecuencia y no vuelva a ocurrir".
En declaraciones a Europa Press Televisión, el padre del menor, Iván Vallejo, ha recordado que los hechos se remontan a febrero de 2012 cuando el matrimonio intentó inscribir a su hijo, que tenía entonces tres años, en el citado centro, algo que tanto la responsable de Admisión como el director de las instalaciones rechazaron, alegando la ausencia de plazas.
En este sentido, ha indicado que la "sorpresa" llegó cuando el matrimonio se enteró "por otros padres" que estaban matriculando a otros niños en el mencionado centro, si bien ha reiterado que "desde el primer momento siempre alegaban que no había plazas". Por ello, Iván decidió ponerse en contacto de nuevo con el colegio y solicitar "una cita personal". De este modo y tras una entrevista con la directora de Admisión, le confirmaron que "el menor entraría en el centro" escolar porque "sí había plazas".
Sin embargo, durante dicha cita informa de su condición sexual, a lo que la directora de Admisión responde que la negativa anterior del centro se debía a "un error administrativo". A pesar de todo, finalmente el hijo de Iván no pudo ser escolarizado en dicho centro "porque por orden del director, las plazas libres estaban adjudicadas a sus compromisos".
Ante esta respuesta del colegio, Iván y su marido decidieron interponer una denuncia por considerar que "hay un trato discriminatorio" hacia ellos y hacia un menor. "Creemos que todos los actos homófobos en el siglo XXI hay que denunciarlos para que la gente se dé cuenta de que tienen una consecuencia", ha manifestado y ha añadido que decidieron denunciar los hechos "para que no vuelva a ocurrir", ya que el matrimonio tiene ahora "dos hijas de cuatro meses" y esperan que el día que vayan a matricularlas en un centro escolar no vuelvan a sufrir "este problema". "La homofobia hay que atacarla porque todo acto homófobo tiene una consecuencia", ha insistido.
Ahora, el matrimonio se ha mostrado "muy contento" ante el auto del juez Carlos Mahón, recogido por Europa Press, en el que ha dispuesto continuar con el trámite de procedimiento abreviado contra los imputados por su participación en un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
De este modo, considera que existen motivos suficientes para atribuir la perpetración de los hechos a los imputados, mencionando sus declaraciones, la documentación aportada por una entidad financiera y por el expediente administrativo incoado por la Consejería de Educación, elementos ante los que se deduce, aunque sea de manera indiciaria, que ambos rechazaron la solicitud del menor debido a que pertenecía a una familia homoparental.
La abogada de la acusación particular, Yolanda Hervás, se ha mostrado igualmente "muy contenta" porque, como ha dicho, la denuncia se interpuso en julio de 2012 y desde entonces "se ha ido practicando la prueba". Ahora, "lo que nosotros veíamos claramente también lo ha visto un juzgado de instrucción que ha estimado que hay indicios de delito", ha afirmado y ha insistido en que están "muy contentos de que se erradiquen los comportamientos homófobos y se sepa que tienen consecuencias".
En este marco, la resolución ha sido notificada a los imputados, al Ministerio Fiscal y a la acusación para que en el plazo de diez días pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra esta resolución, que no es firme, recuerda que cabe un recurso a presentar en un plazo de tres días.
