Un total de 39.000 personas en Andalucía se van a ver directamente afectadas por el último recorte a la dependencia. El servicio de ayuda a domicilio se verá reducido 20 horas al mes para los grandes dependientes. Pasarán a tener 70 horas de atención máxima frente a las 90 mensuales que recibían hasta ahora. Son datos oficiales que ayer manejó la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien volvió a insistir en que Andalucía seguirá prestando este derecho pese a las continuas trabas del Gobierno central. En Andalucía un total de 42.694 personas reciben ayuda a domicilio. Desde que estalló la crisis, la dependencia ha sido uno de los derechos más vapuleados. La ley que se aprobó en diciembre de 2006 y que según los expertos supuso el mayor avance en derechos sociales de los últimos 30 años está siendo desmantelada. Los recortes son dictados por el Gobierno y asumidos por la Junta, que insiste en seguir manteniendo las prestaciones pero asume sus serias dificultades por falta de presupuesto. El sistema se financiaba en un origen al 50% entre Estado y comunidades y actualmente ese porcentaje ha cambiado con un 72% para Andalucía. También los ayuntamientos están implicados y se encargan de la ayuda a domicilio. El gobierno municipal de Jaén, del PP, se ha plantado ante la Junta y ha suspendido esta prestación por los impagos del Gobierno andaluz. La Fiscalía recriminó a Jaén esa posición y también apremió al Ejecutivo autonómico a saldar sus deudas. En el caso de Jaén el impago está solucionado pero otros ayuntamientos populares han hecho la misma advertencia. La Junta insiste en que trata de ponerse al día y, según la Plataforma Andaluza para la Defensa de la Dependencia, se ha vuelto a abrir la bolsa de prestaciones y se están valorando de nuevo solicitudes tras un parón, desde julio de 2012, que fue denunciado por el Defensor y que mantiene a muchas personas en lista de espera. Ayer la consejera andaluza se comprometió a ampliar el número de dependientes atendidos para suplir la reducción de horas en la atención a domicilio y no afectar al empleo. La realidad es que no habrá más beneficiarios y solo se mantendrán las ayudas actuales, renovando con nuevos beneficiarios las ayudas a personas fallecidas. El Gobierno andaluz aprobó el pasado martes un refuerzo de 10,3 millones de euros para garantizar la dependencia.