Unos 700 expedientes, la mayoría de demolición, esperan una sentencia firme de los tribunales. Son consecuencia directa de la labor inspectora de la Junta que desde 2005 -año en que se creó el cuerpo de inspectores- ha conseguido que 43 viviendas ilegales sean derribadas. El proceso es muy lento. Desde que se interpone la denuncia hasta que el juez dicta una sentencia firme de demolición suelen pasar entre ocho y diez años, incluyendo los recursos del ayuntamiento o el particular.
El cuerpo de inspectores nació en pleno boom inmobiliario para poner fin a los desmanes del ladrillo, sobre todo en el litoral andaluz. En realidad son los ayuntamientos los que tienen las competencias de disciplina urbanística pero muchos de ellos estaban cometiendo infracciones o, simplemente, miraban para otro lado. Por eso la Junta creó un cuerpo de agentes de la autoridad. Su labor se ha materializado en 6.627 denuncias desde 2005 hasta mediados de 2012, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Algunos de estos expedientes son consecuencia de actuaciones propias de la inspección, a las que se suman denuncias que provienen de particulares, ecologistas o el Seprona. En estos siete años, los inspectores han actuado en el 86% de los municipios andaluces para restablecer la legalidad.
Desde el nacimiento de la inspección, el panorama urbanístico ha cambiado significativamente. La crisis hace que la gente tenga menos dinero para construir una casa en un suelo no urbanizable o que pueda ampliar su vivienda ilegalmente. Sin embargo, fuentes de la consejería explican que las irregularidades han ido disminuyendo no solo por la crisis, sino porque los ayuntamientos son cada vez más conscientes de que tienen que controlar su territorio. "Están asumiendo al fin sus competencias", aseguran. Esto se traduce en que cada vez hay menos infracciones. No obstante, la inspección sigue alerta y pone el foco en las parcelaciones ilegales, que requieren de poco dinero para hacerlas y que son una amenaza para el territorio.
Los consistorios han tomado conciencia de que deben tener mano dura con las irregularidades y han tenido el apoyo técnico de los inspectores para prevenirlas y perseguirlas. Las mismas fuentes apuntan que, a medida que los ciudadanos conocen más la labor del cuerpo de inspectores, a la Junta le llegan más denuncias. A su vez, la consejería se ha ido dotando de más instrumentos para combatir las infracciones. Cuenta con un sofisticado sistema de fotos aéreas que cada dos años arroja una imagen detallada del territorio andaluz. Además, recibe todas las actas de los plenos municipales que contienen decisiones urbanísticas y tiene acceso diario al Registro de la Propiedad. Los propios jueces o fiscales, desbordados por su trabajo, piden constantemente a los inspectores que actúen como peritos para perseguir los delitos urbanísticos. Desde 2005, han emitido 1.758 informes ante estas instancias.
El plan vigente de inspección 2009-2012 dedica sus esfuerzos a controlar las construcciones en suelo no urbanizable, evitar las nuevas parcelaciones ilegales y proteger las zonas especialmente sensibles. Desde el principio, la costa andaluza, donde se agolpaban las tropelías del ladrillo, ha sido la prioridad para la consejería. Fuentes del departamento que dirige Luis Planas señalan que el litoral está "cada vez más controlado" y que hubo un "antes y un después de Marbella". Como la atención se centró al comienzo en la franja más próxima a la playa (los 500 metros), empezaron a proliferar muchas irregularidades en la sierra, pero siempre cerca del mar. Surgieron así grandes núcleos ilegales en la Axarquía (Málaga) o Almanzora (Almería) que, según la consejería, "están ahora parados y controlados".
La Junta estima que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas, aunque ese dato, fruto de un muestreo, es solo "orientativo", matizan las mismas fuentes. A principios de este año, el Gobierno andaluz aprobó un polémico decreto para regularizar en torno al 80% de esa cifra.
