A raíz de la denuncia de unos padres, la Agencia de Protección de Datos ha abierto una investigación para determinar si la Delegación de Educación de Sevilla infringió la ley al proporcionar datos personales de su hijo a otras familias. Hasta hace tres días muchos padres han tenido acceso a las matrículas de otros niños para buscar un fraude escolar.
Los padres de un alumno sevillano de Primaria han remitido una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, en la que acusa a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla de haber permitido que otras familias accedieran al expediente personal de su hijo. A través de la matrícula se accede al padrón, al libro de familia, a los certificados médicos y a los partes por discapacidad de un menor.
Hace tres días se cerró el plazo para presentar quejas a la escolarización. En el último mes, muchas familias se han mostrado disconformes porque no lograron meter a su hijo en el colegio que habían elegido. Poco más de mil alumnos no han entrado a la primera en el centro escolar en el que se matricularon, la mayoría concertados católicos.
Sus familias son las que han estado rastreando en las matrículas de los otros niños, buscando algún dato falso que les permitiera demostrar que habían mentido para obtener la plaza.
La Agencia de Protección de Datos abrió hace una semana una investigación para determinar si Educación "ha ayudado de forma inapropiada" a las familias que rastrean fraudes escolares, proporcionando datos privados de otros niños. "Si verificamos que la denuncia es cierta y que la Delegación de Educación se ha excedido al permitir el acceso a la información personal de un menor, tendremos que dictar una infracción", aseguran fuentes de la Agencia.
Recelo . Los padres denunciantes consiguieron una plaza para su hijo en un colegio prestigioso en Sevilla, donde la etapa Infantil es privada y la Primaria concertada. Fuentes del centro, que prefieren preservar el anonimato, aseguran que hace un año ya comunicaron a la delegación su recelo a mostrar la matrícula de un niño a otras familias, pese a que legalmente tienen obligación de hacerlo.
He aquí la disyuntiva a la que se enfrenta Protección de Datos: hay una ley que ampara la privacidad (Ley de Protección de Datos de Carácter Personal), y hay otra ley que permite acceder a esa información a un tercero si es parte interesada (Ley de Procedimiento Administrativo). La Agencia reconoce que no es la primera vez que tiene que mediar en este debate y que la resolución depende siempre del caso concreto.
Tampoco el colegio implicado en el caso parece verlo claro. Hace un año la directiva del centro hizo una consulta a un gabinete jurídico para saber qué debía hacer. El asesor legal les recomendó que "no se comprometieran a mostrar los expedientes porque podrían vulnerar la ley y se les abriría un expediente".
No fue el único concertado que mostró sus dudas. "No somos Administración pública, no podemos hacer todo lo que hacen ellos", explican desde el centro. El colegio decidió hacer copia de todos los expedientes y enviárselos a la delegación para que ella los enseñara.
Este año, sin embargo, la Consejería de Educación envió unas instrucciones más rotundas a los colegios, obligándoles a mostrar los expedientes a los padres que lo pidieran y no derivarlos a la delegación.
