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Sin salud solo queda la justicia

La primera sesión del juicio por la primera demanda colectiva de trabajadores víctimas del amianto se centró en las declaraciones de peritos y compañeros de los afectados.

el 10 jun 2013 / 16:08 h.

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extrabajadores y familiares uralitaEnrique Domínguez fue delegado de Salud Laboral del comité de empresa de la fábrica de Uralita en Bellavista entre los 80 y el cierre definitivo en 1999 y puso casi medio centenar de reclamaciones “porque las medidas de seguridad brillaban por su ausencia y no eran obligatorias” y “las denuncias de la Inspección de Trabajo llovían”. La doctora Inmaculada Alfajeme lleva desde 2002 la consulta del Hospital de Valme especializada en pacientes con enfermedades derivadas del amianto –la Junta creó un protocolo y consultas específicas en los tres hospitales sevillanos y desde 2009 también en Cádiz y Málaga para afectados de Astilleros o Renfe–. Alfajeme lleva más de 180 casos no solo de trabajadores de la factoría sino de familiares que han llegado a contraer “hasta cánceres” por el contacto con la ropa que los empleados traían de la fábrica y “algún joven de 30 años afectado porque su madre estaba embarazada cuando trabajaba allí”. De momento no ha tratado a ningún alumno del colegio que había junto a la fábrica pero muchos trabajadores temen que surjan porque el polvo del amianto se vertía en una escombrera “a cien metros”. Son dos de los testigos que declararon ayer en el juicio por la primera demanda colectiva en Andalucía de 26 empleados a los que su trabajo en Uralita les ha provocado cáncer de pulmón, mesioteloma (de pleura)o asbestosis (reducción de la capacidad respiratoria), cinco de ellos ya fallecidos (acudieron sus viudas o hijos). juicio-uralita“Es la primera demanda colectiva y además se pide una indemnización de 2,2 millones, aunque de ninguna manera es compensable la salud de las personas”, explicó la abogada de la asociación de afectados Avida , María José García. Su objetivo es probar que hubo “neglicencia de la empresa en el desarrollo de las medidas de prevención laboral y múltiples incumplimientos en las condiciones de limpieza o seguridad”. Uralita alega que “siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto”, si bien para García “se ciñó a lo estrictamente estipulado y debió ir más allá en su deber de velar por la salud de los trabahadores”. El uso del amianto fue prohibido en Europa en 1999 y en España en 2002 pero desde los 60 se conocía su relación con ciertas enfermedades. La Organización Internacional del Trabajo y la legislación laboral española introdujo ya en los 80 medidas de prevención para su manipulación. Uralita alega que se adelantó y “adoptó voluntariamente” precauciones en 1977 e invirtió “en materia de seguridad e higiene y creó una comisión interna de seguimiento de esta problemática”. Pero trabajadores como Enrique, José Bohórquez (electricista de mantenimiento durante 37 años) o Julio García de la Vega (tras 20 años en la empresa padece asbestosis) defendieron ayer que hasta los 80 “no hubo ni mascarillas, las primeras eran de papel y solo para los de fabricación, cuando ahí enfermó igual el que barría el patio”;que la normativa exigía tener taquillas y vestuarios separados para la ropa de trabajo “y nos cambiábamos con todo junto o comíamos en la misma sala con el amianto al lado” y que las pocas medidas existentes “no eran obligatorias, hasta se fumaba junto a las máquinas”. La letrada de Avida señaló que lo “difícil” es demostrar la relación causa-efecto entre la exposición al amianto y las patologías, ya que pueden aparecer hasta 30 años después y, según, la doctora Alfajeme “en algunos casos como el mesotelioma no depende del tiempo de exposición”. No obstante, todos los demandantes –en octubre habrá un segundo juicio colectivo con otros 25 afectados– tienen ya reconocida individualmente su incapacidad por enfermedad profesional, aunque a la mayoría les ha costado años de litigios ya que “el médico de la empresa siempre diagnosticaba bronquitis crónica” y eran prejubilados “por enfermedad común”, relatan los afectados. Por eso confían en ganar como ha ocurrido con demandas colectivas de trabajadores de la planta de Getafe y que el fallo “siente jurisprudencia para acabar con este calvario, porque la gente se muere antes del juicio”. La sesión de ayer –tan concurrida que no hubo sitio dentro para la prensa– se centró en oír a compañeros de los demandantes que explicaron cómo se trabajaba en la fábrica y a los peritos (los afectados llevaron a médicos, analistas de cuentas que explicaron lo que Uralita invertía en seguridad y expertos en evaluación de daños como Paloma Fuentes, que colaboró con la Asociación de víctimas del 11M). Desde Bellavista y Dos Hermanas llegaron a los juzgados del edificio Noga autobuses de afectados y familiares con pancartas con las fotos de las víctimas del amianto, folletos sobre sus efectos en la salud y muchas ganas de justicia. Estuvieron arropados por dirigentes de UGT y CCOO y representantes de víctimas de factorías italianas que usaron amianto. extrabajadores y familiares uralitaAna Rodríguez, portavoz de Uralita: «Uralita siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con la legislación y se adelantó adoptando voluntariamente medidas”.

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