La segunda sentencia por una demanda colectiva de extrabajadores de Uralita afectados por el amianto utilizado durante años en la fábrica de Bellavista ha condenado a la empresa a indemnizar a la mitad de los denunciantes al considerar, como en el primer juicio, que el resto de casos han prescrito. Sin embargo, pese a que el número de exoperarios a los que reconoce el derecho a ser indemnizados es similar 14 de los 30 que presentaron esta segunda demanda colectiva, la cuantía de las indemnizaciones se ha cuadruplicado respecto a la primera, al sumar 1,3 millones de euros frente a los 350.000 del primer juicio con 26 demandantes entre los que se le reconoció el derecho a indemnización a la mitad.
«Cuantitativamente es un salto importante», reconoció a este periódico la abogada de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), María José González, que explicó que se debe en parte a que la titular del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla «ha aplicado el baremo que se utiliza para cuantificar los daños provocados por accidentes de tráfico, que es el único baremo con criterios objetivos que existe» y «a que la jueza parece que ha sido más sensible al daño ocasionado» que su colega del Juzgado de lo Social número 5 que llevó la primera demanda.
De los 14 casos a los que la jueza reconoce el derecho a indemnizaciones, que oscilan entre los 6.500 y los 274.500 euros, cinco corresponden a afectados ya fallecidos, entre ellos uno para el que se ha fijado la cuantía más elevada. A los 16 restantes demandantes, la jueza no les reconoce el derecho a ser resarcidos económicamente al considerar que se trata de casos prescritos, según la sentencia adelantada ayer por Europa Press. El montante reclamado ascendía a 4,7 millones.
Al igual que tras el primer juicio, la defensa de Avida recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) argumentando que el daño ocasionado por el amianto es continuado y de hecho las patologías asociadas las más frecuentes son asbestosis, cáncer de pulmón y mesioteloma pueden aparecer hasta 30 o 40 años después de la exposición al amianto.
De hecho, continuamente están apareciendo nuevos casos ya no solo entre extrabajadores de la fábrica de Bellavista cerrada definitivamente en 1998 y cuyos terrenos fueron desamiantados sino entre familiares de éstos, ya que los obreros llevaban los monos de trabajo a casa, e incluso vecinos del barrio.
Avida acumula ya alrededor de 80 expedientes y, según adelantó su abogado, ya están preparando la tercera demanda colectiva para reclamar indemnizaciones. «Ya tenemos 15 o 20 casos documentados, la presentaremos con unos 25», señaló. Se trata de afectados que ya tienen reconocida la enfermedad profesional y la incapacidad por ésta, si bien estas demandas colectivas persiguen una indemnización por daños y perjuicios.
Si los afectados recurrirán el fallo al rechazar la argumentación sobre la prescripción de los daños el primero también está recurrido si bien el TSJA aún no ha resuelto el recurso, Uralita también hará lo propio al considerar que la empresa cumplió con las medidas de seguridad. Su objetivo es demostrar que hay más casos prescritos y reducir la cuantía de las indemnizaciones, según fuentes de la empresa, que añadieron que pese a ser el montante total cuatro veces mayor que en la primera demanda, se debe a que hay «tres o cuatro casos» con una cuantía muy elevada mientras que la mayoría son indemnizaciones «moderadas».
Los peritos de la empresa alegaron que entre 1964 y 1996 la empresa contaba con medidas de prevención y desde 1977, algunas específicas para el manejo del amianto pese a que aún ni la OITni la legislación española habían fijado protocolos de actuación. El uso del amianto no fue prohibido hasta 1999 en Europa y en España a partir de 2002.
Aún hoy, en muchos edificios incluso públicos sigue existiendo este material y aunque los terrenos de la antigua factoría fueron desamiantados antes de la construcción de la urbanización Jardines del Valle, recientemente han aparecido trazas de amianto en un solar cercano, perteneciente al Cortijo del Cuarto, que la Diputación de Sevillla está analizando tras la denuncia de unos vecinos de la zona para determinar el tratamiento del terreno. Los análisis se realizaron en septiembre si bien aún no hay resultados.
