Las reacciones sobre la decisión del Tribunal Supremo de revisar el auto que paró la biblioteca del Prado no se han hecho esperar. El delegado de Urbanismo, Manuel Rey, expresó ayer su alegría calificando como "una noticia francamente buena para todos los que creemos que es una construcción trascendental". Añadió que, al conocer que el recurso interpuesto por la Gerencia de Urbanismo había sido admitido a trámite, se sintieron "francamente contentos".
Con la decisión del Tribunal Supremo se abre una nueva etapa en el conflicto por la construcción de la biblioteca. El Supremo resolvió los pasados días 6 y 20 de mayo dos recursos de casación interpuestos por la Gerencia de Urbanismo y la Universidad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitiera un auto en el que obligaba a paralizar las obras de la biblioteca. De aquello hace ya casi un año, pues ocurrió el 28 de julio de 2009. Ahora, las cosas podrían tomar otro rumbo.
La sentencia del TSJA que frenó las obras aducía que el PGOU de 1987 recuperaba el Prado "para uso y disfrute de los ciudadanos, liberando su espacio central de amenazas rentabilizadoras o especuladoras". Además, establecía que por el hecho de que fuera un "equipamiento educativo" el tipo de edificio que iba a ocupar el terreno, su construcción no estaba justificada ya que se trataba de "un espacio libre". Se ponía en cuestión también que la Administración eligiera la ubicación de la biblioteca por "la mera sugerencia" de la Universidad, ya que, según el Alto Tribunal andaluz, "esta ubicación equidistaría del conjunto universitario Ramón y Cajal".
La decisión del Supremo de revisar el auto supone un primer vuelco a la situación. El Alto Tribunal ha admitido cinco de los seis motivos recurridos en los recursos de Urbanismo y la Universidad, al considerar, entre otras cuestiones, que la sentencia incluía "abundantes afirmaciones subjetivas". Acepta también los motivos referentes a la potestad de variación del planeamiento urbanístico para cambiar una zona verde con la intención de darle un uso educativo. Eso sí, lo que no admite el tribunal es la valoración que hacen Urbanismo y la Universidad de las pruebas, que califican en los recursos como "irracionales y arbitrarias", punto que no considera aceptable en un recurso de tasación.
La resolución definitiva del Supremo podría tardar dos años. Hasta entonces, la Universidad de Sevilla tendrá que hacer frente a los gastos derivados de la paralización de las obras, que ascienden a los 8.000 euros al día. Si la decisión del Supremo tardara dos años, la Universidad haría un desembolso de dinero público de 6,2 millones de euros.
