Urbanismo quiere nadar y guardar la ropa. Entiende que para la biblioteca del Prado rige el PGOU (y, por tanto, puede empezar a construirse en contra de vecinos y conservacionistas que reclaman la paralización del proyecto), pero dará la licencia si la Universidad renuncia a pedir indemnización en caso de que el fallo judicial final dé la razón a los demandantes.
El proyecto de la biblioteca universitaria de construirse habrá sorteado no sólo las críticas -cierto que tan sólo de unos sectores muy concretos- sobre la nueva estética que le imprimirá al Prado el edificio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, sino también una maraña judicial que ha obligado a la Gerencia de Urbanismo a solicitar un informe al secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores Domínguez, con el fin de despejar cualquier tipo de duda legal.
Y es que tras la sentencia de la Sección Segunda del TSJA de 10 de marzo de 2008, en la que el magistrado rechaza parar cautelarmente la construcción de la biblioteca, la Gerencia de Urbanismo pidió al secretario general del Consistorio un informe con el que poder tomar una decisión sobre la concesión de la licencia.
Dicho informe es tajante: "En conclusión, entendemos que para el edificio de la biblioteca central de la Universidad rigen las determinaciones del PGOU, con la única limitación de no poder sobrepasar, ni siquiera con estudio de detalle, la altura establecida por el propio Plan para las edificaciones colindantes".
La biblioteca tiene una altura máxima -en uno de sus extremos- de 25 metros. No supera la altura de los pisos que la rodean. Pero también en el mismo documento, fechado el pasado 6 de mayo, el secretario municipal plantea que si la Gerencia de Urbanismo "asume como posición propia la interpretación que se mantiene en el presente informe (...) habrá que articularse algún mecanismo que palie los posibles efectos de una resolución judicial sobre el fondo del asunto que se aparte del criterio mantenido en el incidente cautelar o que plantee una interpretación distinta a la aquí sostenida".
En román paladino: un fallo judicial final que dé la razón a vecinos y conservacionistas, que demandan una paralización del proyecto al entender que la zona no cuenta con un plan de protección especial y que el PGOU no puede suplir esa función.
Defensa de lo público. La solución que propone el secretario municipal es la que sigue: "En aras de la defensa de los intereses públicos, entendemos que sería conveniente exigir en el procedimiento de concesión de licencias un pronunciamiento expreso de renuncia a la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Gerencia de Urbanismo para el eventual supuesto de un fallo judicial que modificara esta interpretación".
Es más -concluye el informe-: "Ciertamente existe una litis pendencia (litigio pendiente) y no consideramos prudente que sea exclusivamente la Administración quien asuma el riesgo del resultado final del proceso".
