El que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Luis Gerardo García Royo (PP) afirmó ayer que las funciones de seguridad en el caso de las ejecuciones subsidiarias ordenadas desde su área, como fue la de la demolición del edificio de la Cuesta de Gomérez, donde falleció el obrero ecuatoriano Guillermo Stalin en 2004, recaían en la empresa adjudicataria de la obra. "En ejecuciones subsidiarias el Ayuntamiento sólo tenía funciones de Policía, sobre todo en estos casos de riesgo inminente", sostuvo.
Durante su comparecencia como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal 6 contra nueve imputados por el accidente -entre ellos el que fue su número dos, Manuel Lorente-, el ex edil recordó que el decreto que se emitió el abril de 2004 para acometer los trabajos tenía el objetivo de que se diera comienzo de inmediato a la ejecución "ante el riesgo inminente de caída" del inmueble.
El pliego de condiciones obligaba a la contratista -en este caso Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.- a designar la dirección técnica y la coordinación de seguridad. "El servicio de Arquitectura no tenía funciones de aprobación de estudios de seguridad, las funciones de seguridad recaían en la adjudicataria", señaló, coincidiendo con lo declarado ayer por Lorente y los ex arquitectos municipales.
Por su parte, los agentes de Policía Local que acudieron al lugar cuando se produjo el siniestro señalaron que en la obra no había apuntalamientos ni tablones y que cuando llegaron tuvieron que pedir una malla porque "seguían cayendo cascotes".
En la segunda jornada del juicio también declararon varios trabajadores entonces de la empresa Alsa, a la que Hermanos Rodríguez le había encargado el trabajo, que a su vez había subcontratado con la contratista principal. Así, Jaime Orlando, ecuatoriano como la víctima, recordó que justo un día antes el encargado le había dicho a A.S.S., propietario de Alsa y acusado, que el muro "podía venirse para abajo", pero éste le contestó que "si no se había caído en mucho tiempo no se iba a caer ahora". José Luis O.H. señaló que la muralla no le gustaba "porque tenía el derrumbe para fuera" y las medidas de seguridad dictadas por la arquitecta encargada de la prevención, también imputada, no hablaban "nada de apuntalar".
