El gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, defendió ayer ante la juez Mercedes Alaya la legalidad de la licencia de primera ocupación concedida a la entidad Sanma, filial de la constructora Sando, para unas naves construidas en Mercasevilla. Según Millán, el documento venía avalado por hasta cuatro informes favorables que habían realizado los técnicos de la Gerencia.
"La concedí porque la licencia es un acto reglado", explicó el gerente de Urbanismo a la titular del Juzgado de Instrucción número 6, añadiendo que el expediente venía acompañado por "cuatro informes favorables". En su declaración Millán alega que desconocía que existieran problemas de electrificación -que a día de hoy aún no se han solucionado- y que, por tanto, no contaban con el visto de la compañía Endesa. De hecho, éste fue uno de los problemas con los que se encontró la anterior propietaria de los terrenos donde se construyeron las naves, la empresa Larena 98, a la que no se le otorgó la correspondiente licencia, que posteriormente si se le concedió a Sando. Esto permitió a la constructora malagueña obtener más puntos en el concurso para hacerse con los suelos de Mercasevilla. Sin embargo, Millán quiso aclarar ayer a su salida de los juzgados que su imputación es por un delito contra la ordenación del territorio, por lo que "no se me vincula" con la venta fraudulenta de los terrenos.
En su declaración judicial, el gerente aseguró que "no tiene la menor idea" de que existían esos problemas, por lo que no propuso la caducidad de la licencia "porque ningún técnico puso en su conocimiento que hubiera ningún problema de infraestructura eléctrica ni de nada". Por ello, aseguró que "evidentemente si hubiera conocido la existencia de tales informes sobre la ausencia de obras e infraestructuras eléctricas hubiera ordenado la caducidad de la licencia".
No obstante, Millán reconoció ante la juez que "no examinó" los informes que los técnicos incluidos en un documento recopilatorio que viene avalado por la firma de la directora de servicio. El gerente afirmó que "a su despacho llegan folios, licencias y mil cosas" y que él "no está para estudiar los expedientes", ya que esto es una labor de los técnicos.
Alaya terminó su tanda de preguntas interrogando a Millán sobre si "siguió indicaciones de sus superiores", a lo que el gerente respondió negativamente, pues "las licencias no tienen política. Las licencias se piden, se tramitan y se conceden", a lo que añadió que él tampoco dio ninguna directriz "a sus inferiores".
Ayer también declaró José Manuel Ferrera, aparejador adjunto de la Unidad de Primera Ocupación del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia, quien al igual que Millán está imputado por un delito contra la ordenación del territorio. El técnico aclaró que él "no tiene que inspeccionar nada relativo a la urbanización" de las naves para conceder la licencia de primera ocupación, ya que siguiendo las órdenes de la jefa de servicio esto era tarea del Servicio de Coordinación y Conservación de Vía Pública", que debía emitir un informe previo a la concesión de la licencia. Es decir, que él no era el encargado de comprobar que no existía ningún problema antes de dar la licencia, de ahí que la magistrada concluyera tras esta respuesta su interrogatorio.
Mercedes Alaya mantiene imputadas en esta rama del caso a 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, a quien aún no ha dado fecha para tomarle declaración; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, o el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño. La magistrada cree que el concurso público para adjudicar la venta de los terrenos de Mercasevilla se "amañó" para que la adjudicataria fuera la constructora malagueña Sando, a cuyos directivos también imputó.
