El concejal de Urbanismo aseguró ayer que para que Ikea se quede en Sevilla se barajan aún distintas opciones, pero abogó por modificar el PGOU porque sería "la solución más rápida y más segura" para la firma sueca. El Ayuntamiento quiere generalizar esta ventaja a todas las empresas, por lo que ya han empezado a adaptar el PGOU a la nueva Ley de Comercio, aumentando los metros que puedan dedicarse a superficies comerciales para que otras firmas puedan beneficiarse. Sin embargo, Urbanismo quiere solventar los problemas de Ikea "cuanto antes" para asegurarse de que no se vaya a otra ciudad, y la adaptación a la Ley de Comercio será lenta, por lo que el popular Maximiliano Víchez dejó claro que ve con mejores ojos cambiar el PGOU que se aprobó en 2006.
Ikea presentó en 2010 un proyecto que preveía invertir 200 millones en un centro comercial junto al aeropuerto que crearía 4.000 empleos. El entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, firmó con acuerdo para facilitar la implantación de la compañía nórdica, que exigía a cambio la adaptación de los accesos y un cambio de usos para hacer más lucrativo el proyecto vendiendo suelo a otras empresas. Los técnicos pusieron pegas a la posible modificación, la negociación se estancó y llegó sin acuerdo a las elecciones en las que el PP ganó la alcaldía.
Ayer, Vílchez explicó que las conversaciones del nuevo Gobierno e Ikea están muy avanzadas y el acuerdo será una realidad antes de final de año. Sobre las pegas técnicas, pasó página: "Nosotros hemos comenzado el proyecto desde cero, con nuestros propios informes", dijo, en alusión a las preguntas de la prensa sobre los informes contrarios a modificar el PGOU, que negó conocer: "No llevamos ni cien días de gobierno, hay muchos informes y no le puedo responder con precisión", zanjó. Tras la comparecencia, aclaró que en todo caso no se tendrán en cuenta porque tienen sus propios análisis técnicos. En los cuales, precisó, no están encontrando dificultad alguna.
Las únicas trabas, se quejó, se las pone la oposición: Vílchez compareció para denunciar que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), firmó en 2005, cuando la alcaldesa era la socialista Pilar Sánchez, un convenio con Ikea con el que según sus palabras "se ha ido muchísmo más lejos" de lo que se pretende en Sevilla. El convenio fue rubricado por el consejero Gaspar Zarrías, por lo que Vílchez concluye que si no se aprobara el de Sevilla sería porque el PSOE "quiere poner trabas al proyecto de Ikea, quizá porque quiere que se asiente en La Rinconada, o en Dos Hermanas", aventuró. El quiz de la cuestión está en que, si el PP modifica el PGOU, la Junta tendrá que dar el visto bueno. Y en eso insistió Vílchez: "Si este proyecto salió adelante en Jerez, donde se vendió barato suelo público y se recalificó un parque, en Sevilla que nuestras pretensiones son más cortas yo creo que la Junta no pondrá problemas". Si las pusiera, insistió, sería "hipócrita".
El concejal no quiso precisar si el convenio de Jerez le parece bien o mal o hasta qué punto se parece o difiere del de Sevilla, ya que no quiso detallar las negociaciones con Ikea para no "acabar fastidiando el tema".
El PSOE le respondió reivindicando su postura a favor de que Ikea se instale en Sevilla y pidiendo al PP que deje de "mirar el pasado", en alusión al convenio de 2005. Fuentes del PSOE pidieron a Vílchez que en lugar de "dedicarse a la confrontación" se dedique a "gobernar" y a buscar soluciones. Los socialistas tildaron de "síndrome de Estocolmo" que el PP siga "enquistado en clave de oposición, cuando lo que les toca es realizar una labor de iniciativa política para que se genere empleo sin que el beneficio de la ciudad se vea perjudicado".
Un convenio 'secreto' presentado a la prensa
El concejal de Urbanismo insistió ayer en calificar de "secreto" el convenio firmado por el anterior Gobierno municipal con Ikea, un documento que según Vílchez "se firmó y se guardó en un cajón, no sabemos dónde". El acuerdo fue presentado el viernes en el Pleno municipal por el PP, que dijo que ese documento lo "ataba de pies y manos" a la hora de negociar con Ikea. El edil ahondó insistentemente ayer en la idea de que si el texto se escondió por algo sería: "¿Por qué no se aplicó? Algo tiene que haber cuando el convenio desaparece", dijo varias veces. Sin embargo, el convenio marco está muy lejos de haber sido secreto. El texto lo rubricó el alcalde con los representantes de Ikea el 5 de noviembre de 2010 en una comparecencia pública a la que se convocó a la prensa, y de la que por tanto hay incluso imágenes.
A las condiciones de ese convenio fueron a las que los técnicos municipales pusieron trabas, aunque el PP asegura que, igual que no conocía el convenio, tampoco conocía los informes técnicos contrarios. A pesar de que ahora sí ha localizado el convenio, Vílchez insistió en que no podía precisar si en el expediente están también esos informes técnicos contrarios a la recalificación urbanística, aunque les quitó importancia afirmando que el PP ha iniciado la tramitación desde cero y está haciendo sus informes, en los que por ahora no han surgido impedimentos.
El responsable de Urbanismo aseguró, al reiterar que confía en que la Junta no le ponga trabas, que el PP podría haber aprobado ese mismo convenio: "podríamos haber ido con el convenio del PSOE y haberlo pasado por Junta de Gobierno", dijo. Sobre por qué no se hizo, afirmó que "habría que preguntarle a Torrijos", primer teniente de alcalde del anterior Gobierno, mientras que al alcalde le afeó el "haberse lanzado a firmar un convenio si no tenía el aval de los técnicos".
Vílchez afirma que no le ha preguntado a Ikea qué ocurrió con ese convenio, pero que al PP no le ocurrirá lo mismo: "Quizá haya un retraso pero queremos tener todo atado para que no haya sorpresas, y que lo que se firme se cumpla".
