La crisis económica y la asfixia del Ayuntamiento provocaron ayer la adopción de una batería de medidas -y el rechazo de otras tantas presentadas por la oposición- encaminadas a una disminución de los gastos y a un mayor control de los recursos ya existentes. En este contexto, y con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como nuevo delegado de Urbanismo, la Gerencia anunció el inicio de los trámites para que sus cuentas sean auditadas.
En abril de 2007, el PP presentó una moción: las cuentas de la Gerencia de Urbanismo requerían una auditoría externa para analizar el destino de 200 millones de euros procedentes de convenios urbanísticos y para revisar el estado de las arcas de este organismo autónomo. Fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Ayer, cerca de un año y medio después, el nuevo delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció que se han dado los pasos para llevar a cabo esta iniciativa: "Se van a enviar de forma inmediata a la Cámara de Cuentas, que es el órgano competente. Fue un compromiso y se va a cumplir".
La adopción de esta medida coincidirá con la puesta en marcha en el Ayuntamiento de un plan de ahorro impulsado por los dos principales partidos a nivel federal y que tiene su reflejo en Sevilla en una moción planteada ayer por los socialistas: se congelarán las dietas por asistencia a consejos de administración y sesiones institucionales; así como el capítulo 2 de gasto corriente y las partidas destinadas al funcionamiento de los grupos políticos.
El PP votó en contra. La oposición planteó una batería de enmiendas encaminadas a forzar aún más esta iniciativa. Entre ellas, la supresión de las dietas y la reducción en un 10% de los sueldos de los altos cargos. Éstas propuestas fueron rechazadas por los dos socios de Gobierno.
Tampoco pudo el PP sacar adelante su plan de medidas económicas para afrontar la crisis entra las que se incluían la rebaja de los tributos, la creación de un fondo de ayudas para el cobro del IBI y la implantación en el Consistorio de un plan de austeridad. PSOE e IU votaron en contra.
Pero al margen de las medidas concretas, la situación de asfixia municipal se produce en el marco de un debate que ha provocado unas duras negociaciones entre la Federación Española de Municipios y el Gobierno central.
Todos los partidos lograron cerrar, en parte, un acuerdo, impulsado por IU para lograr un cambio en la regulación de las administraciones locales. La federación reclamaba en su propuesta la supresión de los límites establecidos en la Ley de Estabilidad -se aprobó con el rechazo del PP-; el aumento de las transferencias del Estado a los ayuntamientos, -que contó con un apoyo unánime- y el desarrollo de un nuevo modelo de financiación -que salió adelante con la abstención del PP-. La oposición pidió además que se exija a la Junta una ley del Gobierno local.
