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Urbanismo sancionará a 3.500 edificios por no pasar una revisión

Como si de coches se tratase, los edificios también deben pasar una ITV para evitar desperfectos que puedan causar desgracias. Sin embargo, en Sevilla hay más de 3.500 fincas que no han pasado la Inspección Técnica de Edificación en plazo. Foto: Antonio Acedo.

el 15 sep 2009 / 18:48 h.

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Como si de coches se tratase, los edificios también deben pasar una ITV para evitar desperfectos que, a la larga, puedan causar desgracias. Sin embargo, en Sevilla hay más de 3.500 fincas que no han pasado la Inspección Técnica de Edificación (ITE) en plazo, lo que puede acarrear multas de hasta 6.000 euros.

Por ahora se han registrado 5.102 Inspecciones Técnicas de Edificación y, sin embargo, se debieron presentar muchas más. Y es que, según fuentes de la Gerencia de Urbanismo, existen 6.542 fincas cuyo plazo máximo de presentación venció el pasado 6 de julio de 2005, tratándose todas ellas de edificios protegidos o con más de 100 años de antigüedad. A estas casas se suman otras 2.057 (con entre 100 y 75 años) que debieron presentar la ITE antes del 6 de julio de 2006. En total, la Gerencia debió registrar 8.599 chequeos, pero sólo le han llegado 5.102 ITE, y algunas de ellas son de edificios de menos de 75 años. Consecuencia: que hay más de 3.497 edificaciones fuera de plazo.

Esto significa que los propietarios de estos edificios se enfrentan a multas que pueden oscilar entre los 600 y los 6.000 euros, según lo estipulado. El incumplimiento constituye una infracción grave (multado con 3.000 euros), pero si se subsana voluntariamente tras el primer requerimiento de la Gerencia de Urbanismo se considerará una infracción leve (lo que está sancionado con 600 euros). En todo caso, se considera una infracción muy grave cuando afecte a construcciones o edificaciones catalogadas. Entonces la multa mínima es de 6.000 euros.

Además, los propietarios que no hayan presentado su ITE en plazo no podrán solicitar licencia de obra (salvo las menores) ni disfrutar de ayudas a la rehabilitación.

Los plazos. Y eso no es todo. En los próximos años la obligación se extenderá a muchos más edificios. Los inmuebles que tengan entre 75 y 50 años de antigüedad tienen hasta el 6 de julio de 2009 para presentar la ITE. En total, hay 7.369 fincas de estas características en Sevilla. Los 27.210 edificios que tienen entre 50 y 25 años de antigüedad deberán tener su inspección técnica antes del 6 de julio de 2011, mientras que las 11.912 fincas con entre 25 y 10 años de construcción tienen de plazo hasta el 6 de julio de 2014.

El objetivo de la Gerencia de Urbanismo es detectar desperfectos y deficiencias en los bloques, así como sus posibles causas, antes de que pueda pasar alguna desgracia. Además, el informe debe recoger las medidas recomendadas para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción.

Las tarifas. El coste corre a cuenta del propietario, si bien el Ayuntamiento tiene un programa de ayudas. El precio, en todo caso, depende de la superficie, la edad del edificio, la altura y el material de su estructura. Según los baremos del Colegio de Arquitectos, la inspección de un edificio con estructura de ladrillo u hormigón, de entre 40 y 70 años, con entre 6 y 10 viviendas y con hasta 500 metros cuadrados de otros usos puede costar, como mínimo, 1.400 euros. Todo dependerá del coeficiente de complejidad que aplique el arquitecto al hacer la ITE. De hecho, el precio puede llegar hasta los 25.000 euros en el caso de edificios grandes y muy antiguos.

La obligación de chequear el caserío periódicamente nació el 25 de mayo de 2000, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó la Ordenanza sobre Inspección Técnica de la Edificación, en vigor desde el 11 de julio siguiente. No obstante, tras la modificación que introdujo la ley autonómica se adaptó la ordenanza, por lo que el 20 de mayo de 2004 el Ayuntamiento aprobó definitivamente la norma, que entró en vigor el 6 de julio de 2004.

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