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Urbanismo y vivienda

Estudios e informes publicados recientemente confirman que el urbanismo y el acceso a la vivienda ocupan las primeras posiciones en el ranking de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos andaluces. De todas formas, la situación no es nueva...

el 14 sep 2009 / 21:20 h.

Estudios e informes publicados recientemente confirman que el urbanismo y el acceso a la vivienda ocupan las primeras posiciones en el ranking de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos andaluces. De todas formas, la situación no es nueva y ya hace años que se venía afirmando y defendiendo la necesidad de abordarla con imaginación, responsabilidad y valentía. Han sido las nuevas circunstancias, crisis inmobiliaria e hipotecaria, corrupción, persistencia de las dificultades para acceder a la vivienda, las que han motivado una nueva llamada de atención sobre estas realidades. En este sentido, el informe del Centro de Estudios Andaluces ratifica las dificultades hoy existentes para acceder a una vivienda y su permanencia en el horizonte del año 2020. Ciñéndonos al momento actual, nadie cuestiona la situación y sus dificultades, pero no deja de ser aventurado afirmar la continuidad del problema en la perspectiva temporal señalada, máxime cuando informes, estudios y observatorios de la realidad social, en este caso del urbanismo y la vivienda, deben llevar a los responsables políticos a la adopción de las medidas necesarias para solucionar este problema. En esta línea debe señalarse el Plan de la Vivienda que, elaborado por el Gobierno andaluz, pretende corresponsabilizar a todos los agentes implicados y poner en el mercado trescientas mil viviendas protegidas en los próximos diez años.

Pero la base de todo está en un urbanismo responsable, regulado por una normativa precisa y clara, delimitadora de las responsabilidades de todo tipo de los agentes y operadores que intervienen en el proceso urbanizador y su exigencia rigurosa por los órganos jurisdiccionales. Dada la distribución de competencias entre las distintas administraciones, el protagonismo corresponde a los ayuntamientos; el ejercicio del poder municipal debe basarse en las necesidades reales del municipio y de sus habitantes y no utilizar el urbanismo como medio de incrementar sus ingresos ni valerse de la autonomía municipal como pretexto o expediente para eludir limitaciones legales o el control que corresponde a otras instancias, como puede ser la comunidad autónoma. Precisamente ésta debe ejercer ese control y fiscalización de la actuación municipal sin complejos y dentro de la legalidad llegar hasta la intervención del ayuntamiento, cuando la gravedad de la situación así lo exija.

Pero en la actuación urbanística intervienen otros operadores, como jueces y fiscales, notarios y registradores de la propiedad y sus actuaciones merecen un examen serio, crítico si se quiere, pero no la frivolidad de algún grupo minoritario de descalificarlos de forma injusta y generalizada. El caso singular se generaliza, convirtiéndolo en categoría y se ignoran, por desconocimiento o mala fe, iniciativas y actuaciones defensoras de la legalidad y evitadoras de ilegalidades y corrupciones. El urbanismo nos compromete a todos, cada uno en el ámbito de sus potestades y competencias. Al legislador, aprobando normas claras y precisas y evitando su profusión desmedida y su corta vigencia. A la Administración, en sus diversas instancias, ejerciendo sus poderes y los controles que ostenta y a los demás operadores jurídicos, aplicando con rigor la legalidad y oponiéndose y persiguiendo con firmeza su vulneración o desconocimiento.

Antonio Ojeda Escobar es notario

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