El Centro de Estudios Andaluces ha hecho público un informe en el que se detecta un preocupante aumento de los actos vandálicos contra el patrimonio de las ciudades andaluzas. La investigación, llevada a cabo por profesores de las dos universidades públicas sevillanas, revela que los atentados contra el patrimonio han aumentado un 472% en Andalucía.
Sevilla es la capital donde mayor número de actos vandálicos se producen, ocho de cada diez. Es preciso subrayar que los datos del informe llegan hasta 2007 y sólo contabilizan las denuncias ciudadanas al teléfono de emergencias 112. El Ayuntamiento no ha hecho pública aún la comparativa de los actos vandálicos registrados en Sevilla en los últimos meses. Tan sólo se limita a publicitar cada año que es necesario invertir en torno a un millón de euros de las arcas públicas para arreglar los destrozos de los vándalos en el mobiliario urbano hispalense.
No es posible saber, por tanto, si los actos vandálicos han disminuido en la ciudad a raíz de la aprobación de la nueva ordenanza de convivencia que prevé importantes sanciones económicas para los actos vandálicos e incluso la responsabilidad subsidiaria de los padres de aquellos jóvenes que sean sorprendidos cometiendo alguna agresión al patrimonio o al mobiliario de la ciudad.
Con todo, no es difícil pensar que el volumen no sólo no se ha reducido, sino que haya podido aumentar si atendemos por ejemplo a las numerosas agresiones que denuncia periódicamente la empresa adjudicataria del servicio de alquiler de bicis públicas, que ya estudia un incremento de la tarifa para poder hacer frente al mantenimiento de las estaciones en los barrios.
Es responsabilidad del Ayuntamiento que la herramienta sancionadora que ha sido aprobada en el pleno municipal y que se ha anunciado como un arma efectiva, sea utilizada con rigor y efectividad por la Policía local. De nada servirá si no se aplica, como ocurre ahora.
