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Uribe dicta el estado de excepción para acabar con la huelga judicial

Colombia decretó ayer el estado de excepción para atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumplió 36 días y ha bloqueado 160.000 juicios. Es más, según el presidente del país, Álvaro Uribe, han tenido que dejar en libertad a 2.700 presos. Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 16:35 h.

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Colombia decretó ayer el estado de excepción para atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumplió 36 días y ha bloqueado 160.000 juicios. Es más, según el presidente del país, Álvaro Uribe, han tenido que dejar en libertad a 2.700 presos al prescribir los plazos legales.

El mandatario declaró el régimen de excepción, según dijo, tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.

Como consecuencia, Uribe confirmó que durante el paro más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales; más de 120.000 procesos están sin fallos y no se realizaron más de 25.000 audiencias.

"Esto le causa al país una tragedia", expresó Uribe, quien consultó con sus asesores antes de decidir decretar el estado especial por 90 días. Según fuentes oficiales, la protesta ha generado pérdidas superiores a los 60 millones de dólares.

De acuerdo con la Constitución colombiana, "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. El estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación, impedir la extensión de sus efectos y suprimir libertades. Pero no permite censurar a la prensa.

Uribe advirtió de que podían quedar libres en medio del paro importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril del 2006.

Para evitarlo, el Gobierno propuso bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) para los empleados judiciales. Pero los huelguistas piden una partida presupuestaria del triple de esa suma y que nivelen los sueldos de los jueces menores con el de los magistrados y jueces superiores.

El lunes pasado, en un último esfuerzo por conjurar la huelga, el mandatario firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial.

El presidente dijo ese día que las bonificaciones decretadas eran lo máximo que puede hacer el Ejecutivo para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese "gran esfuerzo".

Así que el martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el banquero Luis Carlos Sarmiento recomendó adoptar el régimen de excepción y Uribe prometió analizarlo "con urgencia, pero sin desespero".

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