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Utopía se echa otra vez a la calle

Las familias de la corrala de San Lázaro defienden que Ibercaja ha incumplido su parte del trato. Las vecinas reactivan la recogida de firmas en San Fernando y aseguran que habrá más protestas

el 11 sep 2013 / 21:18 h.

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Agusanta, una de las vecinas de la corrala, explica la nueva situación ayer a los medios. / J. M. Paisano (Atese) Agusanta, una de las vecinas de la corrala, explica la nueva situación ayer a los medios. / J. M. Paisano (Atese) Un furgón de la Policía Nacional custodiaba la puerta de la sede de Ibercaja en la calle San Fernando. Y ello a pesar de que los trabajadores de la entidad habían optado por cerrar la oficina al público con una persiana metálica en el interior porque las vecinas de la Corrala Utopía, edificio propiedad de la caja y ocupado desde hace más de un año por una treintena de familias, habían convocado un acto para la prensa justo ante su fachada. Sin embargo, se limitaron a colocar una mesa, a colgar una pancarta reivindicando el derecho a una vivienda y a explicar por qué Ibercaja ha decidido volver a pedir el desalojo cautelar de las viviendas de San Lázaro pese a que existía un acuerdo que consideran que la entidad ha incumplido, explicaron. La situación es la siguiente. Antes de verano Ibercaja y la corrala alcanzaron un acuerdo que, ahora, cada una de las partes interpreta de una manera diferente y se culpan mutuamente de incumplimiento. Las vecinas aseguran que el pacto pasaba por los siguientes puntos. Primero, la caja requería informes sociales de las familias para comprobar su situación real de necesidad. Además, se comprometía a realojar a los vecinos que así lo demostrasen en otras viviendas con alquiler social, para lo que se iba a constituir una mesa negociadora con representantes de la corrala, se daría suministro de agua y luz mientras se desarrollaba ese proceso y se daba el plazo de un mes para que las familias abandonaran voluntariamente el inmueble. Todo ello, partiendo de que la caja retirara del juzgado la petición cautelar de desalojo del edificio, que Ibercaja hizo efectivo el pasado junio. Sin embargo, la entidad financiera interpreta el acuerdo de otra manera bien distinta e indica que han sido las familias ocupantes las que no han cumplido “los compromisos” adquiridos, puesto que, según el escrito elevado al juzgado, señala que “únicamente tres familias ocupantes han facilitado la evaluación por parte de los servicios sociales para acreditar una situación de necesidad de forma que, tal y como se acordó, se han localizado inmuebles para estas familias que han desocupado el inmueble de forma pacífica para ser realojados como inquilinos en otras viviendas”. El escrito prosigue abundando en que “el resto de ocupantes no ha realizado acto alguno tendente al desalojo pacífico”, transcurriendo “sobradamente” “el plazo voluntario otorgado” por el juzgado al tomar declaración a los imputados, al objeto de que desalojasen el edificio. Así pues, la propiedad del edificio restituye su “solicitud de desalojo forzoso”, del que han tenido constancia en la corrala a principios de septiembre. Las vecinas aseguran que se sienten “engañadas” y que la caja “se ha reído y cachondeado de nosotras”. Y es que alegan que, por un lado, la saturación de los servicios sociales municipales ha llevado, en algunos casos, a emplazar las citas para acreditar su estado a octubre y en otros no han sabido qué documentación entregarles. El abogado que les asiste, Luis de los Santos, expresó ayer su sorpresa porque el último contacto con Ibercaja lo tuvieron en julio y recordó que se entregaron informes sociales, aunque no municipales, condición que reclamaba Ibercaja. Además, recordó que aún quedan dos personas que están enfermas por declarar ante la juez que lleva el caso y que, una vez que concluya esta toma de declaración, el desalojo se producirá con probabilidad antes de las Navidades. En esta línea, reclamó a las administraciones “que no miren para otro lado y no se mantengan neutrales porque si lo hacen así, significa estar del lado de la banca”, al tiempo que pedirá a la juez que solicite al Defensor y a los servicios sociales del Ayuntamiento los informes que acreditan la situación de estas familias. Por ello, las vecinas retomaron ayer la recogida de firmas y avisaron de que tienen previsto más movilizaciones, para lo que pidieron sumar apoyos.

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