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Utrera debe devolver un campo de fútbol a la marquesa de Santaella

El juzgado ordena restituir en el estado original una parcela ocupada desde 1980

el 17 sep 2013 / 18:45 h.

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Ver Campo de fútbol de la marquesa de Santaella en un mapa más grande Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera, emitida en 2011 y sobre la que pesa un requerimiento de ejecución en 2012 y una declaración de firmeza de mayo de este año, condena al Consistorio, gobernado por Francisco Jiménez (PA), a devolver a la marquesa de Santaella una finca del caso urbano y “quitar” de la misma el campo de fútbol y el parque infantil instalados hace tiempo. La sentencia, recogida por la agencia Europa Press, daba cuenta de la demanda promovida por María Dolores Patiño Arróspide, marquesa de Santaella, a causa de la “ocupación indebida” de unos suelos de su titularidad a manos del Ayuntamiento. Se trata de una franja de terreno encuadrada entre las calles Francisco Salcillo, Menéndez Pidal y Echegaray. Esta franja forma parte de la finca número 10.695, una parcela de 13.744 metros cuadrados adquirida en 1980 por el marquesado de Santaella a Urbanizadora Béjar a través de una subasta judicial. La parcela en cuestión, además, fue objeto de una segregación en 1987. De cualquier modo, el Ayuntamiento había levantado sobre estos suelos un campo de fútbol y un parque infantil. La Marquesa de Santaella, así, reclamaba la restitución de los terrenos y una indemnización de tres millones de euros. El Ayuntamiento, por su parte, esgrimía que los terrenos en cuestión fueron “cedidos” al patrimonio municipal en 1979 merced a las “obligaciones” implícitas en un proyecto urbanístico que se remonta a 1974, iniciado por Urbanizadora Béjar y tras autorizar ese mismo año a la sociedad San Javier en calidad de promotora.  En los planos del Ayuntamiento correspondientes al proyecto urbanístico estos suelos figuran como “zona verde”. Tras examinar el proyecto urbanístico de 1979, la compra de la finca a manos del Marquesado de Santaella y los efectos de la segregación, el juzgado concluye que “esa parte de la finca número 10.695 debió ser objeto de cesión al Ayuntamiento, pero no se cedió”. En ese sentido, razona que los actos posesorios del Ayuntamiento sobre tales terrenos “son indebidos en cuanto no consentidos por el legítimo poseedor”. La sentencia, no obstante, desestima la indemnización solicitada por la marquesa, si bien la declara titular de ese terreno y condena al Ayuntamiento a restituirle su posesión en el “estado anterior a cualquier actuación municipal”.

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