Diego Valderas, este miércoles en La Lupa, de El Correo TV, conducido por la periodista Elizabeth Ortega. / Foto: Rodríguez Aparicio
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas Sosa, lanzó ayer un órdago al gobierno del que forma parte. El mismo día en el que se hicieron públicos los datos del paro registrado en el mes de marzo 10.000 desempleados más en Andalucía, cuando la tendencia general del país ha sido a la baja Valderas aseguró que «este Gobierno está obligado a conseguir que en Andalucía haya menos parados que cuando empezó, aunque sea sólo uno menos». Con todo, el excoordinador regional de IU, número dos del gabinete de Susana Díaz, se excusó en que «los modelos de financiación no nos han venido bien y los planes de concertación de los últimos 20 años no han funcionado bien, de modo que algo se ha hecho mal en la etapa anterior» de gobiernos socialistas.
Andalucía es una de las cuatro regiones en las que ha subido el paro en 10.060 personas, el 0,94 por ciento más que el mes anterior, hasta contabilizar 1.079.454 desempleados, un 10 por ciento más que la media nacional. «Es un dato malo sin matices en el contexto de nuestra comunidad», dijo Valderas durante la entrevista en el programa La Lupa, de El Correo TV, conducido por la periodista Elizabeth Ortega. El vicepresidente atribuyó el mal dato de paro «al fin de la campaña olivarera que es un sector que da mucho empleo», pero aprovechó para recriminar al Gobierno central el «maltrato» al que tiene sometida a Andalucía en cuando a la aplicación del modelo de financiación autonómica. «El Gobierno andaluz debe conseguir un mejor modelo de financiación, un plan de empleo especial para esta región y un gran acuerdo con los agentes sociales, incluida la economía social», enumeró el vicepresidente, que también admitió que tanto la Junta como el Ejecutivo central tienen «limitadas» sus posibilidades políticas ante «las imposiciones de Bruselas a nuestro país». «España ha sido un alumno aventajado a las directrices de la troika, hemos ido a un austericidio y lo estamos pagando», advirtió.
Respecto a la deuda de la Junta con los ayuntamientos, el vicepresidente y consejero de Administración Local, Valderas la cifró en 153,3 millones de euros, lo que supone «un descenso de más de cien millones en los últimos seis meses». El compromiso de pago de la Junta ha pasado de 259,3 a 153,3 millones de euros, dijo Valderas, que contrapuso los datos de la deuda de los ayuntamientos con el Gobierno andaluz, que alcanza los 448 millones de euros. El vicepresidente insistió en la necesidad de equilibrar ambas responsabilidades de pago, pero ofreciendo más apoyo a los ayuntamientos para que salgan de la asfixia financiera.
Otro de los puntos de la entrevista fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), conocida ayer, que obliga a otorgar una plaza como funcionario al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso ERE, y a abonarle parte del sueldo que le correspondería, pese a estar imputado en la causa abierta por el fraude en los expedientes de regulación de empleo. «La justicia la puedes compartir o no ,pero la debes respetar. Si [Guerrero] debe ser readmitido, es muy duro, los ciudadanos no comprenderán ese auto, pero sólo podemos quejarnos», apuntó, subrayando que «es necesaria más agilidad en la justicia, porque ya van tres años [del caso ERE] y la ciudadanía andaluza debería saber ya quienes han sido los responsables políticos de los ERE, una serie de desalmados han hecho un expolio del erario público. Si la justicia no es ágil, puede perder efectividad». El número dos de la Junta excusó la decisión del Parlamento andaluz de elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, de investigar la labor de la Comisión de Economía y Hacienda en esta presunta trama fraudulenta. «Está dentro de su potestad. El Parlamento sólo ha elevado una queja sobre autos que le implican. Hay que distinguir aquí, porque la Cámara sólo puede controlar, pero la administración es la que ejecuta». Valderas también aprovechó para recordar que fue su fuerza política, IU la que «planteó al empezar a gobernar una comisión de investigación sobre los ERE. IU puso el dedo en la llaga, señalamos a Viera y la jueza todavía no ha llegado ahí». Respecto al auto de la jueza en el que aparece su nombre Alaya pidió a la Guardia Civil que investigara si Valderas medió en unas ayudas a unas empresas de Huelva cuando no ostentaba cargo público el vicepresidente se reafirmó en que tiene «la conciencia muy tranquila». «Si me llama la jueza, estoy disponible», insistió.
La semana pasada, Valderas y otros dirigentes de IU estuvieron en la marcha por la dignidad, en Madrid, una marea ciudadana se calculó en un millón de personas que protestó cerca del Congreso por los recortes y la pérdida de derechos sociales. La protesta se vio empañada por actos violentos en los que hubo civiles y policías heridos. «Yo estuve allí como ciudadano porque no comparto muchas políticas, también me manifesté contra políticas de Zapatero. La marcha fue pacífica, hasta las ocho de la tarde, que yo estuve, sólo sentí alegría, gente que pedía un reparto diferente de la riqueza».
Valderas anunció que el anteproyecto de ley de Participación llega hoy al consejillo, paso previo a su aprobación en el Consejo de Gobierno del próximo martes. El vicepresidente recordó que «aún quedan dos años para terminar la legislatura y vamos a un ritmo adecuado para aprobar las leyes del pacto de Gobierno» [son 28 y sólo han llegado dos al Consejo de Gobierno].
