El coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta andaluza, Diego Valderas, ha considerado este jueves "discriminatoria" la aplicación de la ley tras el arresto de dos afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por su implicación en el asalto a dos supermercados y ha señalado que estas circunstancias "sonrojan" y "pone los pelos de punta".
"El peso de la ley cae con mucha dureza sobre determinados colectivos débiles y tiene guante de seda que son poderosos", según ha asegurado Valderas en declaraciones a los periodistas durante una rueda de prensa en Almería. "No puedo compartir, desde una opinión política con independencia de los caminos judiciales, que la dureza de la ley sea discriminatoria", según ha apuntillado.
Ha trasladado, asimismo, que espera que las acciones judiciales emprendidas contra el diputado autonómico de su formación y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, "queden absolutamente en nada" y ha instando a que el "foco" de atención se centre en el "debate pobreza-riqueza" que, a su juicio, este tipo de acción ha planteado.
Al hilo de esto, y tras insistir en que la presencia de Sánchez Gordillo en los sucesos registrados el martes fue en calidad de "sindicalista y no de diputado", ha reclamado de nuevo para el parlamentario andaluz de IU "amparo" por su condición de aforado como para cualquier otro diputado de la Cámara. "Si incardina que tenga que declarar, el Parlamento tendrá que velar sus derechos como diputado", según ha advertido.
No obstante, Valderas ha aventurado que será "muy difícil y complicado" que el nombre de regidor de Marinaleda aparezca en una eventual denuncia o en las diligencias judiciales que se han abierto por los asaltos ya que la "propia dirección de la superficie comercial me preciso --ha ahondado-- que Sánchez Gordillo no estaba ni entró en la tienda".
El líder de IULV-CA ha insistido en que no comparte la forma en que el SAT desarrolló la acción y ha instado a separarla "del fondo" de la protesta que, según ha indicado, obliga a todas las administraciones a "hacer una fuerte reflexión" sobre la necesidad de un "gran acuerdo social, político y económico" en aras de luchar contra la pobreza y el desempleo. "Es una iniciativa simbólica que pone en valor otros debates", ha reiterado.
