Dimite el director de la agencia IDEA tras ser imputado por los ERE

El alto cargo de la Junta, de los pocos que seguían en su puesto pese a ser inculpado, abandona para defenderse. Será relevado a finales del mes de junio.

el 20 jun 2014 / 16:47 h.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS ERES FRAUDULENTOSEl director general de la agencia IDEA, Antonio Valverde Ramos, imputado en la investigación sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo (caso ERE), dimitió ayer de su cargo, tres días después de que la jueza Mercedes Alaya le llamara a declarar a los juzgados, y de que la Fiscalía Anticorrupción le pidiera una fianza de responsabilidad civil de 3,6 millones de euros. El alto cargo, que el pasado martes se acogió a su derecho a no declarar (siguiendo la misma línea defensiva que el resto de inculpados), fue imputado junto a otros responsables de las agencias IFA e IDEA, los entes públicos que canalizaron las ayudas bajo sospecha que se investigan desde hace más de dos años. Valverde había centrado las críticas del principal partido de la oposición (PP), que reprochaba a la Junta el que siguiera manteniéndole en su puesto dentro de la administración mientras estaba imputado. Ayer, finalmente, puso su cargo a disposición del consejero de Economía, José Sánchez Maldonado. Valverde ocupó el cargo desde diciembre de 2009 hasta la actualidad y por razón de su cargo «tenía conocimiento del déficit de financiación que existía en la Agencia IDEA de las ayudas del programa 31 L», a través del que se pagaban las ayudas investigadas. A pesar de ello, participó en la elaboración de los convenios suscritos con la dirección general de Trabajo para el otorgamiento de ayudas hasta la orden de la Consejería de Empleo de abril de 2010, que formalizó el pago a través de las encomiendas de gestión. Así fue como desapareció el concepto de transferencia de financiación para la concesión de subvenciones, «a la que tantos reparos había opuesto la Intervención General de la Junta de Andalucía», sostiene el auto. Según Alaya, este cambio de criterio presupuestario «no supuso que a partir de ese momento el otorgamiento de ayudas sociolaborales se adecuara al procedimiento legalmente establecido», sino que con él, IDEA «continuó pagando las subvenciones que la Consejería de Economía siguió concediendo al margen del procedimiento legal establecido y sin fiscalización». Por ello, la jueza imputó a Valverde presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, y desestimó la alegación de que su declaración debía suspenderse hasta que se incorporase a la causa el atestado de la Guardia Civil sobre las agencias IFA e IDEA. Alaya no accedió a tal solicitud porque «existen en la causa indicios suficientes sobre el papel desempeñado por IFA/IDEA y sobre la presunta responsabilidad del señor Valverde», a la vista de lo cual el imputado se acogió a su derecho a no declarar. Valverde, una de las 183 personas imputadas por los ERE, se encuentra entre los escasos altos cargos de la Junta que siguen al frente de sus responsabilidades tras ser inculpados, informa Efe. En esa lista no constan los cinco exconsejeros (José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo) ni los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que, al ser aforados, no pueden ser imputados por Alaya. Sí lo están el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el de Innovación, Martín Soler. Ruiz Mateos. Por otro lado, la jueza Alaya ha citado de nuevo el próximo día 24 a José María Ruiz-Mateos Rivero, quinto hijo del dueño de Nueva Rumasa, que es imputado en el caso ERE y al que advierte de que ordenará su detención si no comparece. La jueza, en una providencia, rechaza el escrito del abogado de Ruiz-Mateos, quien explicó su incomparecencia del pasado 16 de junio en que para esa fecha tenía un señalamiento anterior en un juzgado de Málaga. Dice Alaya que la causa de los ERE es prioritaria a cualquier otra al tener una persona presa, aunque dicha situación no se da desde el miércoles 18 de junio, cuando salió de prisión el último encarcelado, el directivo de Vitalia Eduardo Pascual. Por último, el exdiputado Ramón Díaz (PSOE) ha recurrido la decisión de Alaya de embargarle diversas propiedades para cubrir su fianza civil de 2,1 millones de euros ya que incluye el embargo de rentas o pensiones, no acordado para otros imputados. El abogado de Díaz lo considera «discriminatorio», porque a diferencia de los otros 28 decretos de embargo anteriores, a su cliente también le retirarán las retribuciones, rentas o pensiones contributivas.

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