Patricia y Luz van a perder su piso porque, según denuncian, la inmobiliaria y el banco se aprovecharon de que desconocían la ley y las obligaron a firmar la compra presionándolas en el último minuto, diciéndoles que no podían echarse atrás pero que las ayudarían a devolver la casa al banco de inmediato. Cinco años y un enrevesado proceso judicial después, estas dos hermanas ecuatorianas, que llevan 12 años en España, están a punto de quedarse sin su piso del Cerezo y con una deuda superior al precio por el que lo compraron. Patricia, acogida a un programa de protección por ser víctima de malos tratos, dice que tras los episodios desgraciados que ha vivido desde que llegó a España ya sólo quiere volver a su país con sus dos hijos. En el piso, de 50 metros, viven siete personas: Luz, su marido y su hija; y Patricia con sus hijos.
Su historia es la de la pescadilla que se muerde la cola, porque cuantas más dificultades surgían para pagar el piso, más iba aumentando la deuda. Una lógica económica contra la que se alzaron movimientos sociales como el 15-M, que ayer denunció la injusticia de ese caso concentrándose ante el juzgado que iba a subastar el piso. La subasta no se produjo por falta de compradores, lo que hará que, en 20 días, el banco pueda hacerse con la vivienda por el 60% de su valor.
En número gruesos, las mujeres quisieron comprar el piso por 116.000 euros, pero cuando acudieron al notario a firmar les dijeron que los costes procesales habían hecho aumentar el coste hasta 155.000 euros. Les pareció mucho y quisieron echarse atrás, pero según denuncian la inmobiliaria les dijo, "de forma violenta", que era imposible, que tendrían que pagar los costes y una indemnización, y que si firmaban podrían revender el piso a Cajasol, con quien tenían la hipoteca. Pero en cuanto firmaron, la inmobiliaria, situada en Doctor Fedriani, cerró. El banco no aceptó recomprar el piso y, tras seguir los consejos de varias entidades de consumidores a las que acudieron, los costes judiciales y los intereses por no pagar las letras han hecho que la deuda ascienda a 214.000 euros. Si el banco adquiere el piso por el 60% de su valor calculan que les quedará una deuda de 160.000 euros, más de lo que al principio firmaron. Y como Luz ya tenía otra vivienda, se la embargarán también.
"Nos engañaron y ahora no hay salida, nos vamos a quedar en la calle", dice Patricia, que no puede regresar a su país hasta lograr una autorización judicial para sacar del país a sus hijos. Luz trata de convalidar su título de enfermera para trabajar en otro país de Europa, porque "España está llena de injusticias".
