La indignación volvió a sobrevolar a los trabajadores de la Base Aérea de Morón de la Frontera, quienes vivían un martes negro con el anuncio de un nuevo expediente de regulación de empleo, el tercero desde el año 2010. Un despido colectivo que afectará esta vez a otros 55 trabajadores españoles del complejo, lo que supone la eliminación de tres departamentos de pista.
La empresa gestora del mantenimiento de la base, Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), comunicaba al comité de empresa el número de empleos extintivo del total de la plantilla, afectando a más de media centena de operarios, todos ellos trabajadores del departamento de pista que «pasa a desaparecer del pliego de condiciones del nuevo contrato de VBR, quien no prestará, a partir de marzo, ese servicio», matizó el portavoz del comité de empresa, Javier Domínguez.
El representante sindical explicó que la empresa «dejará de gestionar los departamentos de abastecimiento de combustible, carga y descarga y parque móvil, puesto que a partir de marzo de 2015 estos pasarán a militarizarse». La decisión ha sentado como un jarro de agua fría entre los trabajadores españoles de la base aérea, quienes culpan a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, de haber pedido «a la empresa que se ejecute el despido de estos trabajadores que llevan más de 60 años gestionando el servicio sin incidentes», manifestó Domínguez.
En estos momentos de incertidumbre, los trabajadores han pedido ayuda política «para paralizar este ERE del cual el ministro Pedro Morenés tenía conocimiento desde marzo». Por ello, solicitaron «una mediación para evitar este despido colectivo, después de que el ministro de Defensa indicara que iba a buscar una solución». Una petición a la que este martes también se unió la Diputación de Sevilla, a través del portavoz del equipo de gobierno, Manuel Domínguez, quien requirió a Morenés una «intermediación fuerte» ante esta situación, a la vez que criticó la «militarización de los departamentos». La plantilla también reclamó la colaboración de la Junta, ya que creen «debe tener un papel importante ya que la base está en suelo andaluz y, si bien no tiene potestad en defensa, si tiene responsabilidad en materia de empleo».
Los trabajadores de la base aérea decidirán el jueves si vuelven a las protestas, como ya hicieran en 2010. / Javier Díaz
Las reacciones políticas al anuncio del nuevo ERE no se hicieron esperar. Si el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, insistió en que « la cesión de un espacio soberano, como es el caso de ceder el uso de una base aérea, tiene que estar condicionada de forma irreversible a la creación de puestos de trabajo y actividad económica en la zona»; su homólogo en Arahal, Miguel Ángel Márquez, calificó la cifra de «nueva agresión de la empresa americana». En este sentido, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, tildó de «auténtica barbaridad» un expediente que, insistió, venían advirtiendo desde hacía meses. Por su parte, la vicesecretaria general del PP andaluz, Virginia Pérez, aseguró que la formación política está en «contacto permanente con el comité» de empresa, la que le «tienden la mando» para negociar, siempre que sea posible y sin garantizar nada.
Desde hace meses el comité de empresa temía este tercer despido colectivo que «ha indignado a la plantilla, puesto que llevamos cuatro años de inestabilidad laboral, con destrucción de empleo y una plantilla diezmada a la cual se une el segundo despido en un año». Ante esta situación, los trabajadores se reunirán el jueves para barajar posibles movilizaciones.
