Mantener la obra parada cuesta 8.000 euros al día.
La representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la pretensión vecinal de que el fallo se cumpla "en sus justos términos y sin más demora". Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.
Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según indicó a Europa Press el presidente de la comunidad, José Cubiles, que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla , y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".
La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".
Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.
Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.
Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.
