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Vecinos del Prado reclaman al TSJA que el fallo de la biblioteca se cumpla "en sus justos términos"

el 29 may 2012 / 12:42 h.

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Mantener la obra parada cuesta 8.000 euros al día.
La representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9  de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en  la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la  biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de  San Sebastián, ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía (TSJA) la pretensión vecinal de que el fallo se  cumpla "en sus justos términos y sin más demora".

Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han  añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo  del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos  de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo  ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.

Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por  unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según  indicó a Europa Press el presidente de la comunidad, José Cubiles,  que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA,  confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes,  "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico  según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el  mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla , y sus  rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa  labor".

La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al  erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de  lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación  anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y  maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la  demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe  recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los  acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a  derecho".

Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo  jurídico de la institución académica y los representantes de los  vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención  de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión  realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis  millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la  arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.

Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en  ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal  que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.

Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo  edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking  subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la  comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado  vuelvan a su estado original como zona verde.

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