Por R. Velis / I. Morillo La Guardia Civil no expresas dudas sobre la «participación esencial» del exconsejero de Empleo y diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera en el reparto «discrecional» de 32,6 millones de euros en ayudas a empresas en la Sierra Norte de Sevilla. Benefició a un grupo de empresas pertenecientes a los empresarios y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, donde trabajó su propia hija Sonia Viera. Por «intereses personales» y «afinidades políticas», según la Guardia Civil, el que fuera líder del PSOE de Sevilla dio las «instrucciones oportunas» para que se entregaran estas ayudas, incluso después de abandonar la Consejería de Empleo. Viera es diputado y como tal aforado ante el Supremo. Aún no ha sido imputado.
El último informe de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte de Sevilla destapa un cúmulo de «graves irregularidades» que pudieron permitir el desvío de hasta 32,6 millones de euros de los 55 millones concedidos en esta comarca sevillana, del total de 85 millones dispuestos en los Presupuestos de Andalucía para ayudar de forma directa a empresas. Una concentración «desmesurada». Y va más allá. La Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que «el tándem Rosendo-Sayago» puso en marcha un complicado entramado empresarial y que las ayudas fueran concedidas sin que en la mayoría de los casos mediara ni siquiera una solicitud de la subvención. Agrega además que «un alto porcentaje de estas empresas» fueron «presumiblemente» creadas «ad hoc» para embolsarse las subvenciones, sin que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social ni contaran con trabajadores. Apunta también a que desde la Junta se fraccionaban los pagos intencionadamente («fraccionamiento coordinado») para no levantar sospechas. Los investigadores sostienen que estos empresarios no engañaron a la administración, pues no hubo documentos falsos ni siquiera para pedir las ayudas, sino que pudo haber «un concierto previo» entre quienes recibían y quienes concedían la subvención.
En este alambicado entramado fraudulento, la Guardia Civil atribuye «una participación esencial» a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Asimismo apunta a que pudieron conocer las irregularidades y el «trato de favor» el socialista José Caballos, que fue presidente del Parque Natural de la Sierra Norte, y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo. Igualmente señala que los sucesores de Guerrero al frente a la dirección general de Trabajo, Juan Márquez y Daniel Rivera, y los exviceconsejeros de Empleo Justo Mañas y Agustín Barberá conocieron y permitieron la concesión irregular de estas ayudas.
De los socialistas señalados, Viera es diputado en el Congreso y Caballos y Vallejo tienen escaño en el Parlamento andaluz, por lo que todos estarían aforados ante el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La jueza Mercedes Alaya, que se ha resistido hasta el momento a derivar parte de la instrucción a un órgano judicial superior, tendrá difícil, a la luz de las acusaciones vertidas contra Viera por la Guardia Civil, mantener esta parte de la causa bajo su jurisdicción.
El informe de la Guardia Civil, resultado de una pormenorizada investigación realizada exclusivamente en la Sierra Norte de Sevilla, la comarca señalada como el epicentro de la trama de los ERE fraudulentos y de donde es oriundo el exdirector general Guerrero, apunta a que las ayudas se siguieron concediendo con Viera ya fuera de la Consejería de Empleo y siendo éste secretario general del PSOE de Sevilla, cargo que ocupó a partir de 2004 y hasta 2012. El atestado policial no indica dónde fueron a parar estas cuantiosas ayudas presuntamente defraudadas aunque sí señala a la capacidad de influencia política lograda mediante este entramado montado con fondos públicos.
La hija de Viera, Sonia Viera, y el hijo de Caballos, Jesús Caballos, fueron empleados de la empresa de Sayago y Rosendo Marcos de Estudios, receptora de 10 millones de fondos públicos. La primera como responsable de comunicación del entramado empresarial y el segundo como director de marketing. Sonia Viera tuvo el sueldo «nada despreciable» de 48.189 euros en los 14 meses que trabajó para la empresa Marco de Estudios y en ese plazo se firmaron 20 de los 24 convenios que otorgaron las ayudas. El hijo de Caballos cobró 12.000 euros en 2004 y otros 34.892 de la empresa Producciones Barataria, que obtuvo una ayuda de 210.354 euros
En la cafetería. Las investigaciones recogen las conversaciones supuestamente mantenida por Viera, Guerrero, el exdelegado Antonio Rivas y Caballos en la cafetería del Parlamento andaluz, donde el exlíder del PSOE sevillano pudo haber dado orden expresa para que la presunta trama fraudulenta se siguiera manteniendo a pesar de que ya habían saltado numerosas alarmas sobre las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en la concesión de estos fondos. Su orden fue que esas ayudas tenían «que seguir adelante». La Guardia Civil recoge las alertas de la Intervención General, el gabinete jurídico de la Junta, la Cámara de Cuentas o la empresa auditora Pricewaterhouse Cooper. Las ayudas concedidas en la Sierra Norte, indica la Guardia Civil, se adjudicaron de forma «discrecional, carecían de la fiscalidad exigida [...] y prescindían total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
El informe apunta también a que el exconsejero Antonio Fernández pudo mediar de forma irregular para conceder ayudas «con total arbitrariedad» por importe de 2,9 millones de euros, a la empresa bodeguera Barbadillo. En esta mediación pudo participar también el expresidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, que ha prestado declaración ante la Guardia Civil en calidad de testigo.
